Tijuana

TIJUANA.— La próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), particularmente en materia laboral, representa nuevos retos para las empresas mexicanas en temas relacionados con libertad sindical, cumplimiento de derechos laborales y mecanismos de respuesta rápida, señaló Rafael Sánchez Navarro durante una exposición ante socios de Coparmex Tijuana.

El especialista explicó que el tratado contempla revisiones periódicas cada seis años y que actualmente ya iniciaron los trabajos entre los tres países para analizar posibles ajustes en diversos capítulos, incluyendo el laboral. “A los seis años se revisa el tratado, no culmina, no es una renegociación. Lo importante es que empiezan, de hecho ya empezaron, y que se pongan de acuerdo los tres países”, comentó.

Detalló que entre los principales puntos que continúan generando observaciones se encuentran el debido proceso, la claridad sobre las acusaciones contra empresas, la definición de instalaciones cubiertas y los mecanismos para determinar cuándo una queja queda reparada. Sánchez Navarro consideró que México aún enfrenta rezagos importantes en la implementación de la reforma laboral de 2019 debido a la falta de presupuesto y de infraestructura institucional.

“Ha faltado mucho presupuesto, faltan muchos tribunales de trabajo, falta mucho presupuesto para el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral”, expresó. Indicó además que, contrario a uno de los objetivos de la reforma, los tiempos de resolución de juicios laborales no han disminuido en la mayoría de los estados.

Explicó que la mayoría de los conflictos laborales continúan originándose por despidos injustificados, aunque también reconoció que persisten problemas culturales tanto entre trabajadores como entre empleadores respecto al cumplimiento de obligaciones. En cuanto al sindicalismo, afirmó que el país atraviesa una transición sobre el sentido de la negociación colectiva: “La libertad sindical no es box, es entendimiento entre las partes”, afirmó.

Sobre la revisión del T-MEC, consideró probable que el mecanismo laboral de respuesta rápida amplíe su alcance hacia más sectores productivos, más allá de la minería y algunas industrias prioritarias.