Tijuana

TIJUANA.– Ante el crecimiento de centros de rehabilitación privados en Baja California, el presidente del Grupo Unidos por Tijuana A.C., José Antonio Serratos García, urgió al Gobierno del Estado a reforzar las inspecciones en estos espacios para verificar sus condiciones de operación y prevenir delitos o maltrato contra las personas internadas.

El también catedrático de derecho señaló que los centros públicos de rehabilitación han sido rebasados por la demanda, lo que ha propiciado el surgimiento de establecimientos privados que, aunque algunos ofrecen atención de calidad, otros operan con prácticas irregulares que incluso han puesto en riesgo la vida de internos.

La discusión sobre la supervisión de estos lugares se reavivó recientemente en Tijuana luego de que el centro de rehabilitación Jireh, conocido como “Patrulla Espiritual”, acogiera presuntamente a una mujer trans en situación de calle y con problemas de adicciones en contra de su voluntad. Defensores de la comunidad de la diversidad sexual señalaron que en ese caso se habrían violentado derechos humanos fundamentales, además de no respetarse el derecho a la identidad de género de la mujer trans.

De acuerdo con activistas, familiares de la joven habrían participado en su internamiento con el propósito de que recibiera tratamiento de desintoxicación, pese a que presuntamente no existía consentimiento de su parte para permanecer en el lugar. Asimismo, integrantes de colectivos de la diversidad sexual denunciaron que dentro del centro se referían a la mujer con su nombre legal masculino y no con la identidad elegida por ella, situación que calificaron como una forma de discriminación y violencia simbólica.

Serratos García explicó que una de las principales problemáticas en algunos anexos es precisamente la forma en que ciertas personas son ingresadas, ya que en ocasiones familiares recurren al internamiento forzado bajo el argumento de ayudarlas a superar una adicción.

“Con respecto al delito de privación de la libertad por internarlos en contra de su voluntad y todo lo que acontezca dentro de los centros de rehabilitación, hay que atender el catálogo de los delitos, porque son de oficio. Basta que exista un indicio para que la Fiscalía abra carpetas de investigación y practique inspecciones”, expresó.

Indicó que también existen denuncias relacionadas con malos tratos y cobros elevados en algunos centros, donde las familias pagan cuotas importantes con la esperanza de que sus familiares reciban atención adecuada. “La Ley de Salud regula estos lugares, por lo que la autoridad sanitaria es responsable y tiene la obligación de hacer inspecciones para detectar y evitar delitos como la privación ilegal de la libertad, así como el maltrato a los internos”, puntualizó.

El activista insistió en que las autoridades deben mantener presencia constante mediante rondines y supervisiones periódicas para garantizar que los centros cumplan con condiciones mínimas de atención, seguridad y respeto a los derechos humanos de las personas internadas. La preocupación, dijo, no solo radica en el funcionamiento administrativo de estos lugares, sino en el impacto humano que enfrentan personas vulnerables y sus familias.