Tijuana

TIJUANA.- Las irregularidades en contratos, sentencias judiciales y documentos de propiedad continúan representando un riesgo para el patrimonio de los ciudadanos, advirtió el Notario Público Número 28, Luis Alfonso Leyva Castro, durante su participación como expositor invitado en el Colegio de Abogados “José Luis Molina Magaña”.

Al abordar el tema “La fe pública y el cartel inmobiliario”, el notario señaló que existen diversas prácticas utilizadas para concretar operaciones fraudulentas, algunas de ellas relacionadas con documentos que presentan inconsistencias desde su origen.

Explicó que entre las principales señales de alerta se encuentran contratos ratificados ante Catastro o el Registro Público de la Propiedad que carecen de identificaciones legibles de las partes, avalúos, planos, certificados o comprobantes de impuestos.

“Han llegado al cinismo de que usan la misma credencial para diferentes actos y nomás le cambian el nombre”, señaló Leyva Castro al referirse a algunas de las irregularidades detectadas.

También mencionó casos de sentencias apócrifas de prescripción adquisitiva que llegan a ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad, pese a presentar inconsistencias como juzgados o jueces que no corresponden con los documentos.

El notario agregó que incluso se han detectado expedientes judiciales que sí existen, pero en los que no se llevaron a cabo las etapas procesales que supuestamente dieron origen a una sentencia.

“Ya no nomás es preguntar si el expediente corresponde a un juicio ordinario civil, sino si se le dio seguimiento y cuál fue el resultado y si hubo prácticamente una sentencia favorable al actor”, explicó.

Otra práctica que genera alerta, dijo, es que el supuesto comprador o vendedor aparezca representado mediante un apoderado, mientras que el pago de la operación se realiza en efectivo, lo que dificulta rastrear el movimiento del dinero.

Leyva Castro destacó que la función notarial representa uno de los principales filtros para detectar estas irregularidades, mediante la revisión de antecedentes de propiedad, identificaciones, poderes, situación fiscal y documentos relacionados con el inmueble.

Sin embargo, consideró necesaria una mayor coordinación entre autoridades, colegios de profesionistas y sociedad civil para combatir el problema.

“Mientras que no haya consecuencias, pues en realidad esto va a continuar”, sostuvo, al considerar que la impunidad favorece la repetición de este tipo de conductas.

El expositor subrayó que el patrimonio de las personas debe contar con mecanismos de protección más sólidos y llamó a quienes pretendan adquirir un inmueble a no limitarse a revisar los documentos que les presente el vendedor, sino acudir con profesionales del derecho y verificar directamente la situación jurídica del bien.

Fotos: JUAN BARRERA