Tijuana

TIJUANA.— A 3 años de que Baja California incorporara la violencia vicaria al Código Penal como una modalidad de violencia familiar, el principal reto se encuentra actualmente en la aplicación de la legislación, particularmente en los juzgados familiares, señalaron abogados del colectivo CESODI A.C.

Durante su participación como expositores invitados al grupo APBC, los abogados Rubén Jiménez y Katia Hernández abordaron la situación de la violencia vicaria en Baja California y señalaron que, aunque se han registrado avances legislativos, persisten obstáculos para que las mujeres puedan recuperar el contacto con sus hijos.

Jiménez explicó que una de las principales dificultades se encuentra en el sistema de justicia familiar vigente en Baja California, al considerar que se trata de un procedimiento escrito que ralentiza los procesos.

“Ahorita el sistema que tenemos, que es obsoleto en justicia familiar, definitivamente no ayuda en ser rápido en cuanto al reencuentro de los niños con sus mamás. Esa fue la razón, de hecho, principal por la que tuvimos que estudiar la maestría en Derecho Penal y buscar la justicia en el sistema penal”, puntualizó.

Katia Hernández, quien compartió durante la exposición parte de su propia experiencia dentro de un proceso de violencia vicaria, señaló que la dilación judicial puede prolongar durante años la separación entre una madre y sus hijos.

“La justicia se vuelve lenta, se vuelve tortuosa; todo es notificación personal, así que hay que buscar citas con los actuarios, que te las dan a un mes y medio. Cuando la parte promueve, pues eso sale de ese gasto, de ese gasto, de ese gasto, de ese gasto, y todo en el actual sistema familiar”, relató.

La abogada relató que su propio proceso comenzó en 2018 y que, a lo largo de los años, ha pasado por distintos juzgados y jueces sin que se haya concretado de manera definitiva la solución del conflicto.

Señaló que esta experiencia le permitió conocer directamente las dificultades que enfrentan las mujeres que atraviesan procesos familiares prolongados.

Por su parte, Rubén Jiménez señaló que, ante la lentitud de los procedimientos familiares, algunos casos han sido llevados a la vía penal, donde existe un sistema oral que permite una interacción más directa con los jueces y el establecimiento de medidas de protección.

Explicó que en los procesos penales han conseguido vinculaciones a proceso de presuntos agresores y medidas de protección, aunque hasta el momento no cuentan con sentencias por violencia vicaria.

“Ya llegando a un juzgado penal las cosas se ven un poquito mejor porque normalmente sí hemos podido encontrar vinculación a proceso a los agresores y desde ahí pues empezamos a tener medidas de protección por parte de los jueces penales. Sin embargo, sentencias no tenemos por violencia vicaria”, remató.

Jiménez consideró que la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares podría representar un cambio importante al incorporar la oralidad en los procedimientos.

Agregó que la violencia vicaria fue incorporada en 2023 al Código Penal de Baja California y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que permitió identificar y nombrar una conducta que, de acuerdo con los abogados, anteriormente era atendida sin una denominación específica.

Fotos: JUAN BARRERA