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CONOCE LOS CAMBIOS MÁS RELEVANTES DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL, Y SU AFECTACIÓN MÁS RELEVANTE.
Las reformas Constitucionales planteadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el pasado 05 de febrero de 2024, en particular las propuestas al Poder Judicial de nuestro país están empezando a causar estragos, debates en todos los niveles, ello porque podría ser votada este próximo mes de septiembre y, en caso de ser aprobadas, el riesgo más importante sería la afectación a la independencia del Poder Judicial al momento de elegir a nuestros jueces y magistrados.
La propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación contempla cuatro cambios importantes:
1. Jueces y magistrados elegidos por voto popular
• A los jueces se les elegiría por voto directo y secreto y una disminución del periodo a 12 años (actualmente son 15 años).
• En 2025 se lleve a cabo una elección extraordinaria para renovar a ministros, magistrados y jueces y que quienes actualmente ocupan estos cargos puedan ser candidatos.
• Para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los elegidos durarían en el cargo 8, 11 y 14 años, dependiendo de los resultados de la votación.
Actualmente, los ministros son propuestos por el Presidente mediante una terna; el ganador debe ser respaldado por al menos dos terceras partes de los senadores al momento de la votación, mientras que los magistrados y los jueces son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal.
2. Nueva integración de la SCJN
• Reducir de 11 a nueve los ministros de la Suprema Corte y la duración en su cargo pasaría de 15 a 12 años.
• Eliminar las dos salas que tiene actualmente el máximo y solo se realizarían sesiones en el pleno que deberán ser públicas y transparentes para que todos tengan acceso a los temas que se discuten.
• La eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros.
3. Sustituir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
Se remplazará por dos instituciones:
• El Tribunal de Disciplina Judicial: encargado de las funciones administrativas, de carrera judicial y control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.
• El Órgano de Administración Judicial: sus funciones serían la recepción de denuncias de cualquier persona u autoridad e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley o a la Administración de Justicia.
4. Nuevas reglas procesales
• Justicia expedita: propone un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para asuntos penales.
• Suspensiones: se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
• Justicia local: los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrado y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.
• Fideicomisos del Poder Judicial: cuando hayan finalizado los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores.
Bastantes cambios significativos son los que contempla la propuesta de reforma, si bien tiene como objetivo buscar una justicia austera, independiente y ajena a intereses privados, lo que ha causado mayor descontento es que pretende quitarle independencia y facultades al poder judicial, en particular al momento de elegir a sus jueces y magistrados, y al señalar que estas elecciones ahora serán por votación popular, dejando ver que cualquiera podría fungir como tal.
No debemos pasar por alto que un gran número de trabajadores del poder judicial de nuestro país verán afectados sus derechos laborales, toda vez que estos han fungido como funcionarios públicos por muchos años.
Si bien esta reforma trae puntos de interés que pueden lograr una justicia verdadera y transparente, existen otros aspectos que podrían implicar violación a derechos humanos. Inclusive, son muy pocos países en el mundo que establecen la libre elección o por votación popular de su jueces y magistrados; por lo a que nuestro país respecta, tal vez no está preparado para un cambio tan significativo.
Al final del día, esta propuesta de reforma, si bien impacta directamente al poder judicial en México, a los trabajadores y funcionarios públicos, también puede afectar a los empresarios de nuestro país, la inversión extranjera puede debilitarse dañando severamente proyectos importantes, toda vez que los países vecinos, o potenciales inversionistas, logran advertir que estas modificaciones, podrían poner a nuestro País en aprietos, político-económicos, convirtiendo en un riesgo invertir en México.
Nada es definitivo aún, seguiremos estudiando, valorando y participando en los diálogos que se están realizando, para lograr un resultado que ayude a mejorar las condiciones con las que se imparte justicia en México.