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Editorial
Por una Guardia Nacional comprometida con la justicia y los derechos humanos
Por Redacción | miércoles, 2 de julio de 2025
Por Gabriela Jiménez Godoy, Diputada Federal y Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA Red social X: @GabyJimenezMX
La aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional es un paso firme hacia un modelo de seguridad pública más eficaz, articulado y respetuoso de los derechos humanos. En tiempos neoliberales, México enfrentó desafíos complejos en esta materia, por lo que era urgente contar con una legislación coherente, que permitiera garantizar la paz, el orden y el pleno ejercicio del Estado de derecho en todo el territorio.
La Ley brinda certeza jurídica al funcionamiento de la Guardia Nacional. Define con claridad sus atribuciones, estructura y límites. Con ello, se evita la discrecionalidad y se fortalece la rendición de cuentas. Contrario a la desinformación de la oposición, no se trata de militarizar la seguridad, sino de profesionalizarla y darle un enfoque integral, preventivo y con mando civil. La Guardia Nacional incorpora lo mejor de la tradición militar: disciplina, lealtad, estructura, sin perder de vista su naturaleza civil y su compromiso con el pueblo de México.
Uno de los ejes más relevantes de la reforma es la formación especializada del personal. Se contempla capacitación continua en derechos humanos, investigación del delito, inteligencia preventiva y protocolos de actuación. Esta apuesta por la profesionalización no es menor, lo que se busca es consolidar una corporación cercana a la ciudadanía, preparada para responder con eficacia y sensibilidad a los distintos contextos del país.
Además, se establecen mecanismos de supervisión civil internos y externos. La actuación de la Guardia Nacional estará sujeta a evaluación de órganos autónomos, de comisiones de derechos humanos y del propio Congreso. La legalidad y el respeto al derecho no serán opcionales, sino principios fundamentales.
Otro punto medular es la coordinación interinstitucional que estipula la Ley, una articulación con policías locales, fiscalías y otras instancias de procuración de justicia, que fortalece la capacidad operativa del Estado para combatir tanto a la delincuencia organizada como a los delitos que afectan a diario a las personas y comunidades.
La Guardia Nacional tendrá despliegue territorial y capacidad de respuesta ante situaciones críticas. Pero su misión va más allá, ya que busca fortalecer la presencia del Estado en las regiones más alejadas, consolidar la recuperación de espacios públicos y construir la paz desde la raíz.
Esta reforma es también reflejo de una nueva visión de Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado una estrategia de seguridad humanista, sustentada en la legalidad, la inteligencia y la coordinación. Hoy, con esta ley, damos forma jurídica al compromiso de no simular ni parchar: el Estado mexicano asume su deber de proteger a su pueblo, de forma legítima y con perspectiva de derechos.
Votar a favor de esta reforma significó la defensa de la dignidad de las personas, fortaleciendo la justicia y devolviendo la esperanza a quienes más han sufrido la violencia. También fue un refrendo de la confianza en nuestra mandataria, respaldamos su actuar con firmeza, responsabilidad y profundo amor por nuestro país.
Porque la seguridad no se construye con miedo, sino con legalidad, con justicia y con el pueblo.
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