Editorial

Uno de los casos más notorios es el de Rusia, que en abril de 2017, mediante una resolución del Tribunal Supremo, proscribió las actividades de los Testigos de Jehová al considerarlas “extremistas”. La decisión implicó la disolución de la organización, la confiscación de sus bienes y la prohibición de sus reuniones. Diversos observadores internacionales interpretaron esta medida como un intento del Estado de controlar la vida espiritual y suprimir la diversidad religiosa bajo el argumento de la seguridad nacional.

Desde entonces, organismos como las Naciones Unidas, la Comisión Europea y Amnistía Internacional han exhortado al gobierno ruso a poner fin a la persecución de los aproximadamente 175 mil Testigos de Jehová que practican pacíficamente su fe. Han denunciado que se criminaliza la adoración y se vulnera el derecho a la libertad de conciencia, reconocido en tratados internacionales firmados por la propia Federación Rusa.

Entre los casos más conocidos figura el de Dennis Christensen, ciudadano danés condenado a seis años de prisión por organizar actividades religiosas. Su detención fue el primer antecedente de un extranjero encarcelado por motivos de fe en Rusia. Tras él, decenas de Testigos de Jehová fueron arrestados o puestos bajo arresto domiciliario. Entre ellos, Andrzej Oniszczuk, ciudadano polaco detenido junto con otros creyentes en Kirov, en octubre de 2018.

En contraste, en México el artículo 24 constitucional establece que “el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna”. Este principio garantiza que toda persona pueda profesar la creencia de su elección sin temor a sanción o persecución. Cualquier intento de restringir esa libertad carecería de fundamento legal y resultaría abiertamente inconstitucional, pues la diversidad religiosa es expresión de una sociedad libre, plural y respetuosa de la dignidad humana.

Además de este marco jurídico, las autoridades mexicanas mantienen un compromiso firme con el respeto a la libertad religiosa, por lo que resulta impensable que adopten medidas que vulneren este derecho fundamental.

Situaciones como la ocurrida en Rusia, donde los Testigos de Jehová fueron catalogados como una organización “extremista” y privados de su libertad por ejercer su fe, evidencian la importancia de proteger con firmeza las garantías constitucionales.