Editorial

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2026.

I. Contexto jurídico de la reforma
El Decreto representa una actualización reglamentaria de gran calado. No se trata de una reforma meramente formal, sino de un nuevo texto que reordena competencias, amplía facultades de supervisión y fortalece la trazabilidad y análisis de riesgo. Desde una perspectiva jurídica, busca cerrar espacios normativos y dotar a la autoridad de herramientas más ágiles para verificar y sancionar. Para las empresas, el mensaje es claro: la actividad vulnerable debe documentarse y auditarse con rigor.

II. Ejes centrales del Decreto
Se fortalece la intervención conjunta de Hacienda, UIF y SAT; se crea un régimen para Personas Políticamente Expuestas; se amplían las facultades del SAT; se refuerzan obligaciones de registro y conservación documental; y se reconoce la necesidad de auditorías y resguardo de evidencia.

III. Impacto jurídico en las empresas
Destaca el fortalecimiento de la potestad verificadora del SAT, que deja de ser un receptor pasivo para convertirse en un supervisor activo. La reforma introduce un nuevo enfoque probatorio, donde la información digital y fiscal puede sustentar resoluciones, obligando a una congruencia documental previa. Además, se eleva el estándar de conservación documental a diez años, exigiendo sistemas organizados y trazables.

IV. Personas Políticamente Expuestas
La incorporación de este régimen constituye un nuevo foco de riesgo. Las empresas deberán reforzar procesos de identificación, clasificación y monitoreo, integrando controles para detectar vínculos con figuras públicas. El incumplimiento implica no solo sanciones, sino riesgos reputacionales y corporativos.

V. Avisos y acumulación de operaciones
La reforma redefine la acumulación de operaciones en periodos de hasta seis meses e introduce el aviso de 24 horas, incluso en operaciones no concretadas. Esto coloca el énfasis en la prevención y documentación de intentos, no solo en actos consumados.

VI. Auditoría y regularización
El cumplimiento se convierte en un proceso medible y verificable. Se exige conservar evidencia de auditorías y de la regularización de observaciones. Además, se abre la posibilidad de reconocimiento expreso de faltas, lo que permite estrategias de corrección antes de sanciones mayores.

VII. Gobierno corporativo
La reforma impacta directamente a los órganos de dirección. El riesgo antilavado se vuelve transversal, afectando reputación, operaciones y estabilidad. La estrategia adecuada implica diagnóstico, control documental y auditoría interna. Quien documenta mejor, resiste mejor.

VIII. Conclusión
El Decreto confirma una tendencia: más supervisión, más trazabilidad y mayor capacidad sancionadora. Para las empresas, el cumplimiento deja de ser periférico y se convierte en una exigencia estructural. Sin embargo, también representa una oportunidad: quienes fortalezcan sus procesos podrán transformar la regulación en ventaja competitiva y protección patrimonial.