Editorial

Publicación del Diario Oficial de la Federación del 04 de mayo del 2026.

El Decreto tiene como objetivo implementar un sistema que permita autorizar de forma inmediata proyectos de inversión en México, con el fin de impulsar el crecimiento económico, generar empleo, fortalecer la competitividad y reducir la burocracia mediante la simplificación y digitalización de trámites.

Este ordenamiento establece un esquema especial para facilitar la inversión y posicionar a México como un destino estratégico para la relocalización de cadenas de suministro (nearshoring). A través de la Autorización de Implementación Inmediata, se permite a los inversionistas —especialmente en sectores de alta tecnología o proyectos superiores a dos mil millones de pesos— iniciar la construcción y operación de inmediato, con base en la confianza y cumpliendo posteriormente los requisitos legales correspondientes.

Es importante mencionar que, el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2025, establece como objetivo impulsar un crecimiento equilibrado entre regiones, respetando sus características y generando beneficios para todos. También promueve una política industrial y comercial orientada a fortalecer la competitividad y lograr un desarrollo más justo. Para alcanzar estos fines, se crea una autorización especial que permite a los inversionistas iniciar sus proyectos de forma inmediata, aun sin haber concluido todos los trámites, los cuales podrán resolverse durante la ejecución, sin dejar de cumplir la ley.

El propio Plan Nacional de Desarrollo, en su apartado “Visión de largo plazo: Plan México”, plantea como estrategia promover polos de desarrollo y bienestar según las vocaciones de cada región. Por ello, se prioriza la inversión privada en sectores estratégicos como tecnología, centros de datos, textil, semiconductores, automotriz, dispositivos médicos, farmacéutica, aeroespacial, energía y química, entre otros, así como proyectos superiores a dos mil millones de pesos. El Decreto es aplicable a proyectos de inversión privada que se desarrollen en Polos de Desarrollo para el Bienestar, a inversiones que alcancen o superen los dos mil millones de pesos y a aquellas pertenecientes a sectores estratégicos. Asimismo, se incluyen de manera directa los proyectos en materia minera y financiera, así como aquellos que constituyan inversión pública o mixta.

Para operar este esquema, se crea el Comité de Inversiones como órgano de decisión y la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones como instancia de apoyo. Todos los trámites se concentran en la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones.

Entre los principales beneficios del Decreto también destacan el inicio inmediato de operaciones, la reducción en los tiempos de trámite, la centralización digital de permisos, los plazos máximos de resolución (60 o 90 días hábiles), la aplicación de la afirmativa ficta y el acompañamiento del Gobierno Federal. En conjunto, estas medidas generan un entorno más eficiente, predecible y atractivo para la inversión, favoreciendo el desarrollo económico, la generación de empleo y la relocalización de cadenas productivas en el país.

El inversionista debe cumplir en todo momento con la normativa aplicable durante la ejecución del proyecto, incluyendo reglas ambientales, laborales, administrativas y de seguridad, aun cuando tenga autorización para iniciar de inmediato. También debe presentar informes trimestrales de avances en la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, conforme al cronograma, informar cualquier cambio al proyecto con al menos diez días hábiles de anticipación y asegurar que la información proporcionada sea veraz. Además, debe gestionar y cumplir los trámites dentro de los plazos establecidos, atender los requerimientos de las autoridades, cumplir con al menos 20% de proveeduría nacional (salvo que no exista disponibilidad) y contar con una póliza de responsabilidad civil vigente que cubra posibles daños. El incumplimiento de estas obligaciones puede provocar la suspensión o cancelación de la autorización.

¿Cómo obtener la autorización?

El proceso es digital y ágil:

1. Presentar solicitud en la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones.
2. Adjuntar documentación básica:
   • Identificación o acta constitutiva.
   • Constancia de situación fiscal.
   • Proyecto ejecutivo (técnico, económico y ambiental).
   • Declaración de cumplimiento normativo.
   • Compromiso de proveeduría nacional (20%).
   • Póliza de responsabilidad civil.
3. Esperar resolución en un plazo máximo de 30 días hábiles.

La autorización tiene una vigencia inicial de un año, con posibilidad de renovarse hasta por dos periodos adicionales, sujeto al cumplimiento de avances.

En síntesis, el Decreto no elimina las obligaciones legales, sino que modifica el momento de su cumplimiento, permitiendo la ejecución de los proyectos en paralelo a la gestión regulatoria, dentro de un esquema supervisado que busca equilibrar agilidad administrativa con control normativo.

El decreto redefine al empresario mexicano, ya no basta con experiencia o capital; hoy se requiere velocidad, inteligencia y estructura. El mensaje del gobierno es claro: el que esté listo, avanza, el que no, desaparece, esto no se debe ver como un cambio administrativo, es una verdadera transformación del sistema económico. La velocidad sin estrategia es riesgo, mientras que la velocidad con estructura es poder. El conocimiento hace la diferencia.