Ensenada

Así lo expresó la regidora Marcela Valdez Melgoza, presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del XXIV Ayuntamiento, luego de analizar a detalle información sobre la operación de la Planta de Tratamiento Noroeste, a cargo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE).

Recordó que durante 18 años, después de construida en 2005, la planta fue perdiendo eficiencia, hasta llegar a un 10 por ciento de su capacidad en junio pasado, situación que en su momento, aseguró, fue señalada por el titular de la paraestatal, Alonso Centeno Hernández.

Abundó que en 2005 se celebró un convenio entre desarrollo de vivienda GEO, CESPE, Ayuntamiento de Ensenada y SIDUE, que establecía el compromiso de Grupo GEO, que solicita el cambio de uso de suelo para vivienda sobre el área del Cañón de Doña Petra, “en el que el Ayuntamiento se compromete a buscar el traslado del agua residual y tratamiento, con la condición de que se realicen las obras, pero no menciona el paso de aguas negras por el Cañón”, explicó.

La regidora mencionó que tres años después, una vez iniciado un nuevo polo de desarrollo habitacional denominado Plan Noreste, se celebró el convenio entre CESPE y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que el agua tratada fuera enviada al Cañón de Doña Petra con destino final a la playa, “mediante el tratamiento eficiente de las aguas residuales”, convenio que -puntualizó- aún no se encuentra en las páginas de Transparencia ni del Estado, ni de la Federación.

Continuó: “fue el 30 de octubre de 2010 -cinco años después- cuando se emitió una alerta sobre agua contaminada; esto gracias a un trabajo de investigación de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), cuyo personal realizó muestreos en la zona y cuyos resultados fueron de 3 mil enterococos por cada 100 mililitros, muy lejos de la norma de salud”.

Destacó que, en 2013, nuevamente el administrador municipal del Parque Cañón de Doña Petra dio aviso sobre la pésima calidad de las aguas sin tratamiento que cruzan a lo largo del arroyo que desemboca en la Bahía de Ensenada y atraviesa una zona céntrica densamente poblada, pero la alerta fue desatendida por dependencias de los tres órdenes de gobierno involucradas en la problemática.

“Tras las reiteradas quejas de residentes de zonas aledañas sobre las aguas contaminadas, el 17 de enero de 2014, la Conagua anunció una inversión de 12 millones de pesos en la operatividad de la planta Noreste. Pero, el año pasado, una vez más se evidenció el impacto ecológico y de salud pública que representan estas aguas residuales”, afirmó.

En vías de solución

Marcela Valdez resaltó que este problema que desde hace 12 años hizo crisis, se encuentra en vías de solución, pues consideró que la actual administración de CESPE ha llevado la eficiencia de esta planta de tratamiento del 10 al 50 por ciento.

“El uso del agua fue establecido en 2007 para el riego de los árboles que conforman la zona boscosa del Cañón, pero lo cierto es que existe inoperancia de los módulos de la planta, misma que se ha ido corrigiendo. Se requiere de una inversión cercana a los 40 millones de pesos para que la planta opere al 100 por ciento de su capacidad, toda vez que incluye el cárcamo contiguo al parque ecológico”, indicó.

Oportunismo político

La presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente acusó el oportunismo político de quienes, siendo parte de la corriente política que gobernó a Baja California durante 30 años, fueron omisos e incompetentes para atender el problema.

También consideró que personas que se dedican a la venta de consultoría ambiental, confunden a la población con sus estudios de aguas residuales, asumiendo que los estándares de calidad del agua para consumo humano, aplican para las aguas grises.

“No es igual la norma para ambas aguas, para bañarse que para beber, pero nos dicen que las playas están contaminadas porque sus números son del agua para consumo humano, no para el disfrute de turistas”, finalizó.