Estatal

Durante una comparecencia ante el Congreso del Estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Alejandro Isacc Fragozo López señaló que prácticamente la totalidad de jueces, magistrados, secretarias, actuarios y demás personal jurisdiccional ya concluyó el proceso formativo.

“De los 2 mil 460 empleados nos falta alrededor del 4 por ciento, pero cierra el día de hoy. Yo creo que sí vamos a lograr el 100 por ciento de la capacitación”, afirmó.

Explicó que el Poder Judicial desarrolló un programa específico de capacitación que incluyó cursos, ensayos y evaluaciones, con el propósito de que el personal esté preparado ante cualquier revisión o examen que pueda realizar posteriormente la Secretaría de las Mujeres.

Prevén presupuesto superior a los 2 mil 180 millones de pesos

En materia presupuestal, el titular del Poder Judicial , el funcionario adelantó que la proyección para 2027 ronda entre 2 mil 180 y 2 mil 200 millones de pesos, impulsada principalmente por incrementos salariales y compromisos derivados de la implementación de nuevos sistemas de justicia.

Detalló que el incremento anual a la base sindical representó este año un costo cercano a 50 millones de pesos, monto que volverá a impactar el próximo ejercicio fiscal junto con otros ajustes salariales.

“Con el puro incremento sobre la base sindical te sube casi 95 millones de pesos”, explicó.

Añadió que el Poder Judicial mantiene como prioridad la implementación del nuevo sistema de justicia oral civil y familiar en Ensenada, considerado uno de los partidos judiciales más grandes del estado.

Solicitarán ampliación para fortalecer operación en Ensenada

El presidente del Tribunal indicó que el mayor impacto presupuestal recaerá en el capítulo de servicios personales, debido a la necesidad de contratar jueces, secretarios y personal administrativo para la operación del nuevo modelo judicial.

Si bien reconoció que el último año de la actual administración estatal estará sujeto a presiones financieras por tratarse de un periodo electoral, expresó confianza en obtener una ampliación presupuestal a mitad de año para continuar con la implementación del sistema en Ensenada.

Respecto a las ampliaciones solicitadas durante 2026, informó que fueron tres solicitudes por un total aproximado de 20 millones de pesos, recursos que calificó como regularizables debido a que corresponden a plazas y personal incorporados para atender las necesidades de Tecate, Rosarito y Guadalupe Victoria.

Investigan presunto “cártel inmobiliario”; hay 10 jueces bajo investigación

Durante la comparecencia, autoridades del Tribunal de Disciplina Judicial informaron que mantienen abiertas ocho denuncias relacionadas con un presunto esquema de corrupción conocido como “cártel inmobiliario”, en el que presuntamente participan funcionarios de distintos órdenes de gobierno, personal de notarías y miembros del Poder Judicial.

La magistrada responsable del área explicó que actualmente se investiga a 12 personas, de las cuales 10 son jueces, por hechos ocurridos en Tijuana y San Quintín.

Asimismo, anunció el inicio de mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado, sindicaturas, la Secretaría Anticorrupción y comisiones legislativas para coordinar acciones frente a estas denuncias.

Como medida cautelar, detalló que algunos expedientes fueron retirados de los funcionarios investigados y reasignados a otros servidores públicos mientras continúan las indagatorias.

Cuestionan simulación en judicializaciones penales

Durante la sesión también se abordaron problemas operativos en el Sistema de Justicia Penal. 

El presidente del Poder Judicial criticó que actualmente se privilegien indicadores cuantitativos sobre resultados efectivos.

Señaló que con frecuencia se presentan judicializaciones de casos prescritos, sin domicilio o con investigaciones deficientes, únicamente para cumplir metas numéricas.

“No tiene sentido judicializar 100 asuntos si solamente 10 terminan en vinculación. Eso significa que no hubo investigación en los otros 90”, sostuvo.

Agregó que las audiencias diferidas representan un importante costo para el sistema judicial. Tan solo en Ensenada, aseguró, estas suspensiones generan pérdidas cercanas a un millón de pesos mensuales, equivalentes a unos 12 millones de pesos anuales.

Violencia contra mujeres: piden revisar cifras del informe

Legisladores también cuestionaron los resultados de los juzgados especializados en violencia contra las mujeres en Tijuana, luego de que el informe presentado señala que se recibieron 922 causas y únicamente 87 concluyeron.

Al respecto, el presidente del Tribunal explicó que la mayoría de los expedientes permanecen en trámite y que la cifra corresponde principalmente a asuntos concluidos mediante sentencia o procedimiento abreviado.

No obstante, reconoció la necesidad de revisar la información debido a que el número de resoluciones reportadas le parecía bajo, comprometiéndose a remitir datos complementarios al Congreso.

Finalmente, diputados solicitaron información adicional sobre la elaboración de protocolos relacionados con violencia institucional, reparación del daño y mecanismos de vigilancia de medidas de protección para mujeres víctimas de violencia.