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Durante una rueda de prensa, dirigentes del Comité Regional Noroeste de la organización señalaron que los casos que más les preocupan se presentan en Querétaro, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde denunciaron presuntas amenazas, fabricación de delitos y acciones para impedir sus actividades de gestión social.

Ignacio Acosta Montes, Dirigente Regional de Antorcha en Sinaloa, Sonora y las dos Baja Californias, explicó que la movilización se realizará de manera simultánea en todo el país y que, en la Ciudad de México, una representación acudirá a la conferencia matutina de la Presidenta de México.

“Hoy, al igual que en los otros cinco regionales, estamos realizando esta rueda de prensa para denunciar una persecución política en contra de nuestra organización”, expresó.

Acosta Montes sostuvo que, desde su fundación en 1974, Antorcha Campesina ha identificado a la pobreza como su principal adversario y no a un partido político en particular. Sin embargo, afirmó que en algunas entidades las autoridades han respondido con acciones que, desde su perspectiva, buscan descalificar y criminalizar las manifestaciones sociales.

“Vemos con mucha preocupación que en diferentes lugares de la República esto ya se viene convirtiendo en un modus operandi. Se viene convirtiendo en una forma de accionar sistemática para descalificar las protestas en los medios, para criminalizar a los que protestan y particularmente a quienes encabezan estas protestas”, manifestó.

Por su parte, José Juan Bautista Hernández detalló que en Oaxaca denuncian el despojo de dos albergues estudiantiles en los municipios de Oaxaca y Miahuatlán, así como presuntas acciones legales contra el dirigente César Hernández Olivera, luego de que encabezara gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solicitar el servicio en comunidades.

En Veracruz, señaló que integrantes de la organización han enfrentado amenazas de encarcelamiento luego de exigir obras de infraestructura, servicios de salud y educación. 

Mientras que en Querétaro denunció que el dirigente estatal Jerónimo Gurrola ha recibido amenazas de muerte, además de que presuntamente se le pretende fincar responsabilidades legales por encabezar manifestaciones.

En Puebla, indicó que comerciantes adheridos a Antorcha en el tianguis conocido como La Curva, ubicado en la calle 11 de la capital, han recibido amenazas y presiones de un grupo que se identifica como “13 de septiembre”, al que atribuyó la imposición de cuotas mediante personas armadas.

“Estos son algunos de los problemas a los que está denunciando el día de hoy el movimiento antorchista y pues queremos que a través de sus medios de comunicación las autoridades los conozcan, la opinión pública los conozca y se solidarice precisamente para que las cosas no lleguen a otros niveles”, expresó Bautista Hernández.

Los dirigentes señalaron que previamente buscaron la intervención de la Secretaría de Gobernación para establecer una mesa de diálogo, pero aseguraron que una reunión acordada con autoridades de Oaxaca no se concretó.

Ante ello, Acosta Montes indicó que decidieron llevar sus demandas a una movilización nacional y advirtió que, si no obtienen respuesta, podrían definir nuevas acciones.

“Es necesario que escalemos la lucha a nivel nacional, es necesario que hagamos acciones donde los antorchistas, como luego gritamos en nuestras manifestaciones, nos veamos como un solo hombre, como un solo ideal y reclamemos a la más alta autoridad del país que tome cartas en el asunto”, señaló.

En cuanto a Baja California, el dirigente regional aclaró que actualmente no enfrentan una situación de persecución sistemática por parte de las autoridades estatales o municipales, aunque recordó antecedentes de detenciones y agresiones durante administraciones anteriores.

“En diferentes momentos, particularmente ahorita no es una situación que estemos viviendo. Sí, hemos tenido, por supuesto, represión violenta, varios de los compañeros, el dirigente actual de Antorcha en Baja California, que es Dioscoro Gómez, yo ahora soy el dirigente regional. El actual dirigente estatal estuvo en la cárcel, cuando estaba Jaime Díaz de presidente. Se llevó detenidos a nueve en una manifestación, nos golpearon, etcétera. Sí hemos tenido estos casos”, declaró.

La organización aseguró que las movilizaciones del 18 de noviembre serán pacíficas y se realizarán dentro del marco legal, con el objetivo de exigir que se respeten las garantías constitucionales de quienes se organizan y manifiestan públicamente.

Fotos: JUAN BARRERA