Mexicali

MEXICALI.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Mexicali se sumaron al paro nacional indefinido iniciado este viernes en diversas sedes del país, en rechazo al nuevo esquema de evaluación de desempeño que, aseguran, genera incertidumbre sobre la permanencia y estabilidad laboral del personal de carrera judicial.

La protesta surge tras la publicación de un acuerdo que establece evaluaciones bianuales para secretarios, actuarios, oficiales judiciales y demás integrantes de la carrera judicial.

Aunque los trabajadores afirman no oponerse a ser evaluados, sostienen que el mecanismo podría abrir la puerta a decisiones que afecten derechos adquiridos como la base laboral y la antigüedad.

De acuerdo con los inconformes, la calificación contempla un 40 por ciento derivado de un examen de conocimientos y un 60 por ciento relacionado con valoraciones de superiores, compañeros y productividad, elementos que consideran susceptibles de interpretaciones subjetivas.

La preocupación central, señalan, no es únicamente laboral, sino el posible impacto en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Integrantes de la Sección 42 argumentaron que los tribunales requieren personal con experiencia acumulada y conocimiento especializado, por lo que cualquier medida que genere rotación o incertidumbre podría afectar la continuidad en la atención de los asuntos judiciales.

Por su parte, el Órgano de Administración Judicial ha sostenido que la primera evaluación programada para diciembre tendrá carácter exclusivamente diagnóstico, sin efectos de aprobación o reprobación, y que no implicará despidos ni pérdida de plazas.

En Mexicali, los manifestantes demandan que el acuerdo sea dejado sin efectos y plantean que las evaluaciones se utilicen únicamente para identificar necesidades de capacitación y fortalecimiento profesional.

Mientras el conflicto continúa, la suspensión de labores coloca nuevamente en el centro del debate la forma en que deben evaluarse los servidores judiciales y el equilibrio entre la rendición de cuentas institucional y la preservación de la experiencia técnica dentro del sistema de justicia.