Mexicali

MEXICALI.- Trabajadores de base del Poder Judicial de la Federación en Baja California mantienen el paro de labores iniciado el pasado viernes, al considerar que aún no existen garantías claras sobre los acuerdos alcanzados entre autoridades judiciales y representantes sindicales en torno a los nuevos lineamientos de evaluación del personal.

La secretaria de base del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, Liver La Márquez, señaló que, aunque durante el fin de semana se informó sobre un acuerdo entre el Órgano de Administración Judicial, representantes sindicales y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los trabajadores desconocen el contenido específico de esos compromisos.

“Como base trabajadora no tenemos la certeza de cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron. Tampoco se ha publicado la derogación del acuerdo general emitido el jueves, que es precisamente el que establece los lineamientos que originaron nuestra inconformidad”, expresó.

La trabajadora explicó que las autoridades han asegurado que las evaluaciones no serán utilizadas como herramienta para despidos o afectaciones laborales; sin embargo, recordó que durante anteriores movilizaciones también se garantizó el respeto a los derechos laborales y posteriormente se emitieron disposiciones que, a juicio de los empleados, generan incertidumbre jurídica.

“Hasta que no tengamos la certeza de que oficialmente se deroguen esos lineamientos y conozcamos en qué términos quedaron los aspectos subjetivos de evaluación, seguiremos en el paro”, indicó.

Entre las principales preocupaciones del personal se encuentra la inclusión de criterios como la evaluación realizada por superiores jerárquicos y compañeros de trabajo para medir desempeño y capacidades, elementos que consideran sujetos a interpretaciones discrecionales.

Además, destacó que los trabajadores del Poder Judicial ya son evaluados constantemente mediante capacitaciones obligatorias, exámenes de actualización y supervisión permanente de su desempeño profesional.

“Los secretarios elaboramos proyectos de sentencia, estudiamos los asuntos y analizamos las controversias que llegan a jueces y magistrados. Nuestra evaluación es diaria porque nuestro trabajo está sujeto al resultado de las resoluciones que elaboramos”, señaló.

Afirmó además que el Poder Judicial Federal cuenta con uno de los niveles más altos de profesionalización dentro del servicio público, con personal que posee estudios de especialidad, maestría y doctorado, además de procesos previos de selección y concursos de oposición para obtener plazas de base.

La representante de los trabajadores sostuvo que la preocupación principal radica en que las nuevas evaluaciones puedan utilizarse para afectar derechos previamente adquiridos.

“Nosotros ya fuimos sujetos a exámenes, requisitos de admisión y concursos para ganar nuestras plazas. Tenemos derechos adquiridos que deben respetarse”, manifestó.

Otro de los temas que mantienen en alerta a los empleados es la posibilidad de que las evaluaciones deriven en esquemas de movilidad laboral obligatoria. Según explicó, los lineamientos permitirían cambios de adscripción dentro del mismo circuito judicial bajo el argumento de necesidades del servicio.

“Te pueden mover de un órgano a otro dentro del circuito. En mi caso tengo cerca de 20 años trabajando en el mismo órgano jurisdiccional y, como muchos compañeros, hemos demostrado nuestro desempeño independientemente de los cambios de titulares. Por eso queremos saber exactamente en qué términos quedaron los acuerdos”, expuso.

Actualmente, alrededor de 800 trabajadores participan en el paro de labores en la entidad. Las decisiones son discutidas por un grupo de enlaces integrado por representantes de cada órgano jurisdiccional, quienes mantienen comunicación permanente con la base trabajadora para definir las acciones a seguir.

La secretaria de base afirmó que el movimiento busca preservar la profesionalización y estabilidad del servicio judicial.

“Siempre hay sacrificios en cualquier lucha, pero el objetivo es garantizar que quienes estudian y resuelven los asuntos de la ciudadanía sean personas capacitadas y con experiencia, en beneficio de la impartición de justicia”, concluyó.