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CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México solicita pruebas a Estados Unidos cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impone sanciones a personas o empresas por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, pues afirmó que detectar movimientos financieros irregulares no significa necesariamente que una persona tenga vínculos con la delincuencia organizada.

También explicó que las autoridades mexicanas acompañan algunas de las medidas impuestas por Estados Unidos cuando existen elementos que justifican la inmovilización de cuentas. La mandataria señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisa la información financiera disponible para determinar si existen irregularidades que ameriten acciones en México.

“Lo que hemos dicho siempre, como lo decimos, es: denos las pruebas de por qué dicen que están vinculados con organizaciones delictivas. Porque una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimiento de que está vinculado con la delincuencia organizada”.

Sheinbaum explicó que, cuando la UIF encuentra elementos que apuntan a posibles delitos, se presenta la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República para realizar las investigaciones y determinar si existen responsabilidades penales.

La presidenta también distinguió estas situaciones de aquellas en las que Estados Unidos impone sanciones sin que la UIF encuentre pruebas suficientes para acompañarlas con medidas financieras en México. En esos casos, indicó, las acciones corresponden a las autoridades estadounidenses y no implican automáticamente una investigación penal mexicana.

“En algunos casos, los acompañamos cuando se informa a la UIF y la UIF encuentra que hay irregularidades, se acompaña este congelamiento de cuentas o esta inmovilización de cuentas. En otros casos, cuando la UIF no encuentra pruebas, no se acompaña, sino que solamente es la sanción por parte de los Estados Unidos”.

Estas declaraciones se dan después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 13 de octubre sanciones contra cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste, entre ellas negocios relacionados con la construcción, el transporte, el sector energético y las carreras de caballos. Entre los señalados figuran el empresario Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías, así como el hipódromo Club La Molienda, en Nuevo Laredo.