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CDMX.- Pablo Gómez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó que durante su gestión la dependencia incorporó a empresas proveedoras de material electoral a la lista de personas bloqueadas, en el contexto de las investigaciones sobre posibles operaciones de lavado de dinero y presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral y de organismos electorales estatales.

Durante la mañanera, Gómez sostuvo que las compañías señaladas actuaban como intermediarias, pues obtenían contratos para suministrar materiales electorales y posteriormente subcontrataban a otras empresas para realizar los trabajos. En ese contexto, la investigación financiera ha alcanzado a sociedades vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.

“La Unidad de Inteligencia Financiera, efectivamente, a muchas de estas empresas, las incorporó a la lista de personas bloqueadas”.

El exfuncionario también acusó que, durante anteriores etapas de la autoridad electoral, el PRI tenía influencia sobre las decisiones del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), a través de grupos políticos vinculados con sus consejeros. En su intervención señaló a Marco Antonio Baños. “Antes representaba al Estado. Era el jefe del PRI en el INE, en el IFE, luego en el INE. El jefe”.

Gómez sostuvo que ese esquema de influencia política se relacionaba con la integración de los organismos electorales y con la continuidad de determinadas prácticas administrativas. También cuestionó que las empresas proveedoras de material electoral mantuvieran contratos durante años y señaló que algunas no contaban con instalaciones industriales propias para fabricar los productos que ofrecían.

Pablo Gómez sostuvo que las investigaciones financieras y las revisiones de los contratos deben permitir esclarecer las posibles irregularidades, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió una auditoría profunda sobre las contrataciones del INE y de los organismos electorales estatales.