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En total se computaron más de 458 millones de votos, aunque la participación ciudadana apenas superó el 13% del padrón electoral, en una jornada marcada por la falta de conocimiento de los candidatos y un número sin precedentes de más de 54 millones de votos nulos. Esta cifra refleja la complejidad del ejercicio y una posible falta de claridad en el proceso para muchos votantes.

A pesar de las críticas, el INE ha declarado que el proceso se desarrolló con normalidad y que los resultados serán respetados conforme a la ley. A partir de ahora, los ganadores comenzarán la etapa de revisión de idoneidad, que incluye la verificación de requisitos legales, evaluaciones de antecedentes y declaraciones patrimoniales, antes de asumir funciones el próximo 1 de septiembre.

La siguiente fase del proceso incluye la entrega de constancias a los candidatos electos, quienes deberán pasar filtros legales y técnicos. El INE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han asegurado que todos los recursos de impugnación serán atendidos antes del 28 de agosto, y sólo entonces se procederá a la toma de protesta de los nuevos funcionarios judiciales.

Esta elección marca un antes y un después en la historia política de México. Aunque celebrada por algunos como una victoria de la democracia participativa, para otros deja dudas profundas sobre la forma en que se reforma el sistema judicial y se protege su independencia.