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CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los casos relacionados con pensiones y jubilaciones de altos montos en organismos públicos se encuentran sujetos a una revisión jurídica derivada de distintas interpretaciones sobre la Constitución, particularmente en lo referente a los límites máximos de remuneración en el sector público.

La mandataria explicó que el análisis surge a partir de disposiciones constitucionales que han dado lugar a interpretaciones distintas respecto al tope aplicable a ciertas percepciones. Indicó que actualmente los órganos de gobierno de distintas entidades públicas revisan el tema para determinar el alcance de la normativa vigente.

“Hay una interpretación jurídica que la dejamos para otro día, pero es que en una parte de la Constitución quedó la mitad del salario de la presidenta o del presidente. Y hay otra parte que dice que el máximo que puede ser es el salario de la presidenta o el presidente. Entonces, hay una interpretación de que ahí hay una contradicción en dos artículos de la Constitución”, señaló.

El debate se relaciona con la reforma recientemente aprobada para fortalecer el principio de austeridad republicana y se estableció que ningún servidor público puede recibir una remuneración superior a la de la persona titular del Poder Ejecutivo federal. La medida quedó respaldada en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y en modificaciones constitucionales que han sido objeto de diversos litigios y resoluciones judiciales en los últimos años.

Sheinbaum subrayó que, independientemente de las interpretaciones, existe un criterio que su administración considera inamovible: ninguna percepción financiada con recursos públicos puede superar el salario de la presidenta de la República.

“Por encima del salario de la presidenta no puede haber nada. Eso sí está garantizado. Pero es una interpretación jurídica y nosotros tenemos que respetar la ley”, sostuvo.

La mandataria precisó que la revisión se realiza actualmente en organismos como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde algunos esquemas de jubilación y pensiones fueron establecidos décadas atrás mediante contratos colectivos o regímenes especiales.