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CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las aspiraciones presidenciales del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien confirmó su intención de buscar la candidatura para las elecciones de 2030, esto mientras permanece en Estados Unidos y enfrenta una orden de aprehensión en México.

Al ser cuestionada sobre si la iniciativa constitucional para impedir que personas con doble nacionalidad aspiren a la Presidencia cerraría el paso a Cabeza de Vaca, la mandataria respondió que también enfrentaría la dificultad de realizar una candidatura desde el extranjero.

"Es muy difícil ser candidata o candidato y lanzar tu candidatura desde otro país, ¿no? Ya nada más eso, imagínate".

La pregunta derivó en la situación jurídica del exgobernador y en si una orden de aprehensión constituye un impedimento para registrarse como candidato. Sheinbaum consultó el artículo 82 de la Constitución, que establece los requisitos para ocupar la Presidencia, y recordó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el gobierno de Vicente Fox.

Después de revisar los requisitos constitucionales, la presidenta reconoció que una orden de aprehensión no aparece como impedimento para registrarse y admitió que su interpretación inicial había sido equivocada.

Por su parte, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó que los criterios judiciales sobre los derechos políticos de personas sujetas a procesos penales han evolucionado y que una orden de aprehensión, por sí misma, no impide necesariamente que una persona pueda registrarse como candidata o candidato.

"El criterio es que una orden de aprehensión, a pesar del texto que tiene otro precepto de la Constitución, no impide que alguien se registre para poder ser candidato porque podría ser muy fácil, no digo que este es el supuesto, yo no me refiero a este ningún supuesto en particular que pudiera obtenerse una orden de aprehensión y con eso quitar a alguien de la contienda".

Zaldívar señaló que correspondería al Tribunal Electoral analizar un caso concreto y determinar si una persona con una orden de aprehensión puede competir. Añadió que la situación podría ser distinta si durante el proceso se dicta prisión preventiva, pues en ese supuesto la persona no podría competir ni ejercer el cargo.

Asimismo, explicó que una sentencia también puede establecer la suspensión o pérdida de derechos políticos, por lo que las consecuencias dependerían de la situación jurídica específica de cada persona.