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Política y Políticos
Gloria Arcelia Miramontes... Proteger las áreas. naturales protegidas de Baja California
Por Braulio Serrano Ruíz | martes, 24 de junio de 2025
Mexicali...
En medio queda la población, que exige resultados tangibles y medibles: menos hectáreas calcinadas, más jóvenes graduados, menos permisos de cambio de uso de suelo, más empleos formales. Baja California amaneció con una doble lección de política pública: la defensa del medio ambiente puede y debe caminar de la mano con la apuesta por la juventud. En sesión plenaria, el CONGRESO DEL ESTADO aprobó por unanimidad el Dictamen No. 9 de la COMISIÓN DE JUSTICIA, presidida por la DIPUTADA NORMA ANGÉLICA PEÑALOZA ESCOBEDO, que incorpora una agravante al artículo 229 del CÓDIGO PENAL. La reforma, impulsada por la DIPUTADA GLORIA ARCELIA MIRAMONTES PLANTILLAS, eleva de forma drástica las sanciones contra quienes incendien, destruyan o dañen ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS de competencia estatal o municipal: la pena base de cinco a diez años de prisión y hasta quinientos días multa crecerá un tercio adicional cuando el fuego o la explosión caigan sobre montes y bosques con decreto de protección.
La reforma no es un capricho discursivo. En 2020 se documentaron veinte incendios forestales que arrasaron cientos de hectáreas en Tecate y Ensenada, y a inicios de 2025 las llamas volvieron a acechar los ejidos serranos. Cada hectárea perdida significa menos oxígeno, menos captura de carbono y, para los rancheros, menos agua retenida en los mantos freáticos. Por eso la Comisión calificó el delito como un atentado directo contra el derecho humanoalasaludyaunambiente sano. Se trata, además, de una señal política dirigida a quienes sueñan con lotificar el bosque después de los siniestros: destruir para especular sale ahora más caro y más peligroso.
La unanimidad legislativa muestra dos cosas: que la transición ecológica ya cotiza votos y que la ciudadanía organizada —brigadistas, académicos, comunidades ejidales— logró convencer al Poder Legislativo de que endurecer la ley era urgente. Sin embargo, cualquier penalidad corre el riesgo de volverse letra muerta si la Fiscalía Ambiental no recibe presupuesto para investigar, si el Poder Judicial no especializa jueces en materia ecológica y si los ayuntamientos continúan mirando hacia otro lado al autorizar cambios de uso de suelo. La norma es necesaria pero insuficiente; el reto será aplicar la lupa pericial y la mano firme sin que el expediente se diluya entre peritajes tardíos y influencias privadas.
En ese mismo tenor de prevención se inscribe el anuncio federal de la PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, quien confirmó la apertura de treinta y siete mil nuevos lugares en bachillerato a partir de agosto. El plan abarca catorce planteles de reciente construcción, treinta y tres ampliaciones y treinta y cinco reconversiones de secundarias a preparatorias, con una inversión combinada de más de dos mil quinientos millones de pesos. La meta sexenal asciende a cien mil espacios adicionales y se complementa con la integración de los diversos subsistemas en dos rutas: el BACHILLERATO GENERAL y el BACHILLERATO TECNOLÓGICO. Cada egresado recibirá el Certificado Nacional y, además, la validación académica de una universidad pública, blindaje que busca finiquitar el estigma de las “prepas patito”.
La lógica de SHEINBAUM es transparente: atajar la deserción escolar creando aulas atractivas, conectadas y, sobre todo, con salidas profesionales claras. MARIO DELGADO CARRILLO, secretario de Educación Pública, enumeró obras en nueve entidades para este verano y advirtió que, si los tiempos de construcción se alargan, algunos grupos se incorporarán en agosto de 2026. El programa se sostiene sobre dos certezas: que la juventud necesita alternativas formativas para no engrosar filas de informalidad y que el país requiere mano de obra calificada para sostener la relocalización industrial que asoma gracias al nearshoring.
En Baja California la noticia cae en terreno fértil. El reciente Índice de Competitividad Estatal colocó al estado en el lugar once por su combinación de infraestructura digital y mercado laboral formal. Es, pues, el momento de empatar el músculo industrial con capital humano propio. Un bachiller tecnólogo en energías renovables, por ejemplo, no solo encontrará empleo en los parques eólicos del Golfo, sino que podrá innovar soluciones contra incendios forestales mediante sensores térmicos y drones autónomos.
Así, la reforma penal y la expansión educativa dejan de ser temas desconectados: castigar al incendiario y formar técnicos forestales son dos caras de la misma estrategia de resiliencia climática.
Conviene subrayar la convergencia política: una diputada del congreso local y una presidenta de la República, ambas mujeres, ambas con agendas de justicia social, alinean sus prioridades sin necesidad de ceremonias protocolarias. La austeridad deja de ser bandera retórica y se transforma en asignación millonaria a escuelas; la protección ambiental trasciende el discurso verde para volverse amenaza carcelaria real.
Hay, desde luego, nubarrones que no se esfuman con un decreto ni con un aula nueva. El cambio climático prolonga la temporada de incendios y multiplica las tormentas eléctricas; el crimen organizado descubre negocios en la tala clandestina y en la invasión de reservas; la inflación encarece el material didáctico y provoca que algunos padres duden en inscribir a sus hijos en el turno vespertino. Aquí se definirá la eficacia del Estado: supervisar las brigadas, fiscalizar los programas de becas, auditar las constructoras de planteles y encender alarmas tempranas cuando el calor supere los cincuenta grados en la sierra.
Pero no todo es entropía. La reforma al artículo 229 manda un mensaje pedagógico tan severo como necesario: quien queme el bosque pagará con su libertad y su bolsillo. Y el anuncio presidencial recuerda que la puerta de la preparatoria vuelve a abrirse, no como privilegio, sino como derecho.
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