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CLAUDIA SHEINBAUM... firmó la iniciativa de reforma constitucional para expedir una Ley General contra la Extorsión

Por Braulio Serrano Ruíz | miércoles, 9 de julio de 2025

EMX-CLAUDIA SHEINBAUM... firmó la iniciativa de reforma constitucional para expedir una Ley General contra la Extorsión

Mexicali...


La lucha contra la extorsión en México ha entrado en una nueva etapa. Con determinación y visión institucional, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO firmó una iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Constitución y permitir al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra la Extorsión. 
El objetivo es claro: que el Estado mexicano se asuma como víctima del delito y pueda perseguirlo de oficio, sin que la denuncia deba recaer exclusivamente en la persona afectada.
Durante la conferencia matutina “La mañanera del pueblo”, la mandataria explicó que esta reforma al artículo 73 constitucional otorgará competencia al Congreso para legislar en todo el país en la materia, obligando a las entidades federativas a armonizar su marco normativo. La iniciativa se enviará este martes a la Cámara de Diputados, como parte del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
“Lo importante es que una persona que sufre o que es víctima de una extorsión sepa que estamos ahí para apoyar, y que están todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia, estamos ahí para apoyar y para erradicar este delito que lo sufren muchas personas en nuestro país”, enfatizó SHEINBAUM PARDO.
A la par, desde el 6 de julio se puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, anclada en el número 089 como canal de denuncia anónima. Esta herramienta inicia un proceso que ya no depende únicamente del valor de la víctima, sino de una red institucional de inteligencia, seguridad y justicia que actúa con base en la denuncia.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, ERNESTINA GODOY, explicó que esta nueva Ley General ofrecerá herramientas eficaces de investigación bajo principios de coordinación institucional. La extorsión, recordó, no es solo un acto delictivo puntual, sino un fenómeno de gran impacto económico, comercial, psicológico y social que exige respuesta sistémica.
OMAR GARCÍA HARFUCH, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que la estrategia federal contempla cinco ejes fundamentales: el número único de denuncia 089; la cancelación inmediata de las líneas telefónicas usadas en extorsiones; la apertura de carpetas de investigación en fiscalías estatales en casos de extorsión presencial; el despliegue de células de inteligencia; y el fortalecimiento de unidades especializadas contra secuestro y extorsión.
Este anuncio llegó en un momento clave. La presidenta informó que el primer semestre de 2025 ha sido el de menor incidencia de homicidios dolosos desde 2016. Del 1 de enero al 30 de junio, el país registró una disminución histórica. MARCELA FIGUEROA, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicó que el promedio diario bajó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 65.6 en junio del presente año. Es decir, se registran 21 homicidios menos por día. Una cifra que no es menor: representa miles de vidas salvadas, familias intactas, y comunidades más seguras.
A ello se suma el trabajo operativo desplegado por fuerzas federales. GARCÍA HARFUCH reportó que tan solo en las últimas dos semanas fueron detenidas mil 137 personas por delitos de alto impacto. 
Se aseguraron 865 armas de fuego, 17 toneladas de droga y se desmantelaron 20 laboratorios clandestinos. De octubre de 2024 a julio de 2025, las cifras alcanzan las 25 mil 255 personas detenidas, 13 mil 275 armas incautadas, 188 toneladas de droga decomisadas y más de mil 160 laboratorios destruidos en 21 estados.
Pero mientras el Gobierno de México fortalece sus instituciones de justicia y seguridad, en Baja California continúa el escrutinio a la eficiencia y legalidad del gasto público. En la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso estatal, presidida por la diputada ALEJANDRA ANG HERNÁNDEZ, se revisaron las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023 de diversas dependencias y organismos descentralizados.
Entre los entes observados destacan el Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito (IMMUJER ROSARITO), el Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado, el Instituto Municipal de Participación Ciudadana de Tijuana (IMPAC) y el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS). 
Sin embargo, fue el caso del PRODEUR el que generó más debate. ANG HERNÁNDEZ señaló que este organismo presentó pagos en exceso, conceptos duplicados y diferencias físicas en obras por más de dos millones de pesos, lo que motivó la no aprobación de su cuenta pública.
En un hecho similar, el Ayuntamiento de Tijuana también reprobó la evaluación fiscal por múltiples irregularidades. Se detectaron omisiones en la retención del ISR, incumplimiento de entregas del programa de cruces ágiles para pacientes médicos y turistas, contratos duplicados por 10 millones de pesos, adjudicaciones directas, fallas de proveedores y subsidios mal otorgados por medio del Fideicomiso Fondos Tijuana.
La fiscalización es un componente esencial de toda democracia funcional. Aumentar los niveles de exigencia y de vigilancia sobre el destino de los recursos públicos es una tarea que no debe verse como castigo, sino como garantía de integridad.
 La ciudadanía exige resultados, pero también transparencia. Y si bien el combate a la extorsión y al crimen organizado requiere músculo operativo e inteligencia táctica, también requiere estados y municipios sólidos, que no se desangren en opacidades ni desvíos.



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