The Border

Washington.- El gobierno de Donald Trump intensificó sus medidas migratorias y ahora enfoca parte de su política en personas que ingresan legalmente a Estados Unidos, con una suspensión temporal de la emisión de visas de inmigrante y planes para revocar visas de turismo y negocios a miles de extranjeros.

El Departamento de Estado informó a sus funcionarios consulares en todo el mundo sobre una nueva política relacionada con el requisito de "carga pública", mediante el cual se busca impedir el ingreso de personas que las autoridades consideren susceptibles de representar una carga para las arcas públicas.

La suspensión comenzó durante agosto y, de acuerdo con un funcionario del Departamento de Estado, podría mantenerse hasta principios o mediados de septiembre. Las entrevistas que estaban programadas para este mes no serían canceladas, sino reprogramadas para septiembre, octubre y noviembre.

La medida podría afectar a personas que solicitan visas de inmigrante desde fuera de Estados Unidos, incluidos quienes buscan reunirse con padres, cónyuges, hijos o hermanos que son ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, algunos solicitantes quedarían fuera de la pausa. Entre ellos están trabajadores que cuentan con patrocinio de un empleador y pueden demostrar que tienen ingresos suficientes para no ser considerados una "carga pública".

La nueva política está relacionada con reglas que permiten evaluar si una persona podría depender de determinados programas de asistencia pública. Entre los beneficios considerados se encuentran cupones de alimentos, Medicaid y vales de vivienda.

Expertos en política migratoria advirtieron que una suspensión prolongada podría generar nuevos litigios, especialmente porque anteriormente una medida que suspendía la emisión de visas para inmigrantes de 75 países fue anulada por un tribunal.

EU prepara revocación de visas de turismo y negocios

Paralelamente, el gobierno estadounidense prepara una medida para revocar visas B1 y B2, correspondientes a viajes de negocios y turismo, de extranjeros que hayan solicitado asilo o que actualmente tengan un trámite de asilo.

De acuerdo con documentos del Departamento de Estado obtenidos por The Associated Press y declaraciones de funcionarios estadounidenses, la medida podría alcanzar a hasta 200 mil personas cuyas visas fueron emitidas entre 2016 y 2026.

La dependencia todavía no ha informado la cifra exacta de visas que serían revocadas. La medida, que sería coordinada con el Departamento de Seguridad Nacional, podría ser anunciada durante las próximas semanas.

Especialistas señalaron que la revocación de una visa de turismo o negocios no determinaría por sí misma el resultado de una solicitud de asilo. Las personas que ya se encuentran en Estados Unidos y tienen un proceso de asilo en curso dependerán de la resolución de ese procedimiento para determinar si pueden permanecer legalmente en el país.

Las visas B1 y B2 permiten generalmente estancias temporales de alrededor de seis meses. Si una persona solicita asilo durante ese periodo, su permanencia queda vinculada al proceso migratorio correspondiente y no únicamente a la vigencia de su visa de visitante.

La administración de Trump ha cuestionado durante meses el uso del sistema de asilo. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó que las solicitudes fraudulentas no deben utilizarse como una vía para evadir las leyes migratorias.

El gobierno estadounidense también ha instruido a sus consulados para prestar especial atención a solicitantes que manifiesten temor de regresar a sus países de origen, como parte del endurecimiento de los controles migratorios.

Las nuevas medidas amplían la ofensiva migratoria de la administración Trump hacia personas que buscan ingresar o permanecer en Estados Unidos mediante vías legales, además de las acciones dirigidas contra quienes ingresaron al país sin autorización.

Con información de Proceso