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Por Sergio Carrillo | martes, 20 de octubre de 2026
La Barra de Abogadas “María Sandoval de Zarco” plantea elevar la medida máxima para jóvenes de 16 y 17 años, establecer la responsabilidad solidaria de sus padres en la reparación del daño y ampliar el catálogo de delitos que ameritan internamiento.
TIJUANA.– Ampliar de 5 a 10 años la medida máxima de internamiento para adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves es una de las propuestas de reforma al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes impulsadas por la Barra de Abogadas “María Sandoval de Zarco”, informó su Presidenta, Estefanía Campos García.
La iniciativa busca fortalecer la atención a las víctimas y la reparación integral del daño, sin abandonar el enfoque especializado que establece la legislación para las personas menores de edad que enfrentan procesos penales.
Campos García aclaró que la propuesta no implica imponer automáticamente 10 años de internamiento en todos los casos, sino establecer ese periodo como límite máximo, sujeto a una resolución individualizada y debidamente justificada por parte del juez.

“Lo vemos favorable, es decir, creemos en esta propuesta, pero no como la única propuesta que va a mejorar absolutamente todo el sistema integral para adolescentes”, expresó al explicar que también deben fortalecerse la prevención del delito, la responsabilidad familiar y las oportunidades de reinserción social.
La abogada señaló que la propuesta contempla tres modificaciones principales. La primera consiste en ampliar de 5 a 10 años la medida máxima de internamiento para adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves, con revisiones periódicas para determinar si la medida debe continuar, modificarse o concluir.
El segundo planteamiento busca establecer la responsabilidad solidaria de madres, padres y cuidadores en la reparación integral del daño ocasionado por sus hijos, sin que esto implique atribuirles responsabilidad penal por los delitos cometidos por los adolescentes.
La propuesta contempla excepciones y circunstancias que podrían ser valoradas por la autoridad, como situaciones de pobreza extrema, reclutamiento criminal o casos en los que los responsables del cuidado no hayan tenido posibilidades reales de prevenir la conducta.
“Lo que buscamos es que como padres ejerzamos esa responsabilidad en donde también tengamos que cumplir por los daños que comete nuestro hijo”, explicó Campos García.
El tercer punto consiste en ampliar el catálogo de delitos que pueden ameritar internamiento, incorporando supuestos como homicidio, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad con violencia, lesiones agravadas por el uso de sustancias psicotrópicas, narcóticos o alcohol, y posesión de narcóticos en la modalidad de narcomenudeo.
La Presidenta de la Barra de Abogadas ejemplificó que, en casos donde un adolescente conduzca bajo los efectos del alcohol y provoque la muerte o lesiones graves a otras personas, considera necesario que la legislación contemple medidas acordes con la gravedad de los hechos.
Añadió que el internamiento, por sí solo, no garantiza que un adolescente deje de delinquir, por lo que consideró indispensable asegurar atención psicológica, educación, capacitación y oportunidades laborales y sociales después de que concluya su medida.
La Barra de Abogadas espera que las propuestas sean analizadas por las autoridades correspondientes y que puedan avanzar hacia una reforma que fortalezca tanto los derechos de los adolescentes como la atención a las víctimas.
Fotos: JUAN BARRERA