Tijuana

Reclama Grupo Unidos por Tijuana omisión del Congreso ante tres iniciativas ciudadanas

Por Sergio Carrillo | miércoles, 5 de noviembre de 2025

EMX-Reclama Grupo Unidos por Tijuana omisión del Congreso ante tres iniciativas ciudadanas

Las iniciativas son relacionadas con el divorcio encausado, la Ley de Edificación y la creación de candados para evitar fraudes inmobiliarios.


TIJUANA.– El Presidente del Grupo Unidos por Tijuana, José Antonio Serratos García, hizo un llamado al Congreso de Baja California para que atienda tres iniciativas de reforma presentadas por el organismo ciudadano, las cuales afirmó que permanecen detenidas desde hace más de un año.

En sesión del Grupo Unidos por Tijuana, Serratos explicó que las propuestas están relacionadas con el divorcio encausado, la Ley de Edificación y la creación de candados para evitar fraudes en la enajenación de propiedades ante Catastro y el Registro Público.

“Las tres iniciativas están selladas de recibido desde el año pasado. No pedimos que se reconozca como nuestras o que se nos adjudique un triunfo; lo importante es que un diputado las retome por el bien de la sociedad bajacaliforniana, pero que no las tengan ahí detenidas”, expresó.

El dirigente advirtió que, de persistir la falta de respuesta, podría promover un amparo por omisión legislativa, ya que, sostuvo, que existe una obligación de dar trámite a las solicitudes ciudadanas.

Respecto a la iniciativa sobre Catastro Municipal de Tijuana, Serratos denunció que se han detectado prácticas irregulares que calificó como “una especie de huachicol de propiedades”, donde se han realizado ventas fraudulentas con simples copias de identificaciones.

En el caso del divorcio encausado, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó su aplicación hace una década, pero Baja California sigue sin legislar al respecto, lo que mantiene rezagado el marco jurídico en materia familiar.

La tercera iniciativa busca que se sancione a quienes construyen sin contar con licencia de construcción, con penalidades que podrían llegar hasta la demolición de la obra, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad estructural en el desarrollo urbano.

Serratos insistió en que las reformas propuestas no responden a intereses particulares, sino a la necesidad de reforzar la legalidad y la transparencia en los procesos administrativos y judiciales del estado.