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Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares será un “cambio sin precedentes”
Por Sergio Carrillo | miércoles, 3 de diciembre de 2025
El Magistrado enfatizó que la transición hacia juicios orales en materia civil y familiar reducirá costos y agilizará los procedimientos.
TIJUANA.- En sesión del Colegio de Abogados de Tijuana A.C., el Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Nelson Alonso Kim Salas, destacó que la próxima entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) representa “un cambio sin precedentes” para la justicia civil y familiar en el país, al incorporar la oralidad, fortalecer la transparencia y homologar los procesos judiciales a nivel nacional.
Kim Salas subrayó que la principal innovación del nuevo marco legal es la transición hacia juicios orales en materia civil y familiar, similar a lo que ocurrió con los sistemas penal, laboral y mercantil. Con ello, dijo, se busca agilizar los procedimientos, disminuir costos y lograr que juezas, jueces y magistrados tengan contacto directo con las audiencias para emitir resoluciones más claras y confiables.
El magistrado explicó que el código privilegia los mecanismos alternos de solución de controversias, como la mediación, conciliación y arbitraje, permitiendo que las partes definan la forma de resolver sus conflictos sin depender totalmente de una sentencia. Esto, indicó, reduce afectaciones a las familias y evita fallos totalmente adversos.
Asimismo, resaltó que la nueva legislación obligará a que ninguna audiencia se realice sin la presencia de la persona juzgadora, además de que todas deberán ser grabadas para fortalecer la transparencia. Incluso, cuando el caudal probatorio lo permita, un juicio podrá resolverse en una sola audiencia.
Kim Salas informó que Baja California será la primera entidad en implementar el CNPCyF a partir de enero de 2026, impulsado por un proceso anticipado de preparación del Poder Judicial estatal. En ese sentido, reconoció el aumento histórico en el presupuesto judicial durante la administración de la Gobernadora Marina del Pilar Avila, que pasó de alrededor de 900 millones a más de 2 mil millones de pesos, aunque consideró que aún es insuficiente para la magnitud del proyecto.
Añadió que el Tribunal Corporativo Civil funciona desde el año pasado como ejercicio previo de socialización y capacitación para litigantes y personal judicial, lo que permitirá una transición menos abrupta.
Necesario presupuesto etiquetado
Durante su intervención, el magistrado llamó al foro jurídico a convertirse en un actor decisivo para exigir que el Congreso autorice un presupuesto etiquetado específicamente para la implementación del código, ya que, sin ello, la operatividad plena será difícil. “No basta con que digan que aprobarán más de 2 mil millones; deben estar destinados ex profeso al código”, enfatizó.