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Deportes | viernes 30 de enero
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Tijuana
Manifestación afuera del Cuartel Morelos
Por Ana Lilia Ramírez | viernes, 30 de enero de 2026
Desde la madrugada, distintos grupos sociales se manifestaron afuera del Cuartel Morelos para exponer demandas históricas relacionadas con pensiones, servicios médicos, drenaje y desapariciones forzadas
TIJUANA.— Desde la madrugada de este viernes 30 de enero, decenas de personas se concentraron en las inmediaciones del Cuartel Militar Morelos de Tijuana, en espera de la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para exponerle diversas problemáticas sociales que, aseguran, han sido ignoradas durante años en Baja California.TIJUANA.— Desde la madrugada de este viernes 30 de enero, decenas de personas se concentraron en las inmediaciones del Cuartel Militar Morelos de Tijuana, en espera de la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para exponerle diversas problemáticas sociales que, aseguran, han sido ignoradas durante años en Baja California.
Las manifestaciones coincidieron con la realización de la “mañanera del pueblo” encabezada por la mandataria federal, y reunieron a policías en retiro, viudas de agentes caídos en cumplimiento del deber, vecinos de comunidades costeras y familias de personas desaparecidas.
Uno de los contingentes estuvo integrado por decenas policías retirados y familiares de agentes fallecidos, quienes exigieron la intervención de la Presidencia de la República para resolver la falta de servicios médicos, indemnizaciones y prestaciones laborales pendientes.
Con mantas y cartulinas dirigidas a la presidenta, Manuel Castro, policía en retiro y vocero del movimiento, explicó que los reclamos incluyen incrementos salariales autorizados desde enero que no se reflejaron de manera oportuna, así como pagos incompletos que —dijo— sólo beneficiaron a una parte del personal tras ejercer presión mediática.
Señaló que, pese al riesgo que implica la labor policial, los elementos carecen de un seguro de vida adecuado y de servicios médicos integrales, lo que deja sin cobertura a hijos mayores de edad que aún dependen económicamente y a padres de los agentes.
Agregó que cuando un policía fallece en cumplimiento del deber, sus familiares pierden de manera inmediata el acceso a atención médica y no reciben apoyos funerarios, mientras que el cobro del seguro de vida se convierte en un proceso prolongado, opaco y con pagos parciales.
Otro grupo de manifestantes estuvo conformado por vecinos de Punta Bandera, quienes acudieron para solicitar la intervención presidencial ante un problema histórico de falta de conexión a la red pública de drenaje, el cual aseguran no ha sido atendido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Jazmín Graciela Beltrán Álvarez, vecina y representante comunitaria, explicó que pese a la cercanía con la planta tratadora de la zona costa norte, Punta Bandera no cuenta con acceso al colector costero, lo que ha generado afectaciones ambientales y de salud durante años.
Indicó que otros fraccionamientos cercanos, como Real del Mar, San Antonio, San Marino y Baja Malibú, sí fueron integrados al proyecto original del colector, mientras que Punta Bandera y comunidades del norte quedaron excluidas, a pesar de su ubicación estratégica.
Mientras que María de Lourdes Santana Ruíz, madre de Víctor Miguel Heredia, joven desaparecido desde noviembre de 2025, relató que su hijo fue visto por última vez el 19 de noviembre y que, pese a haber entregado información clave para la investigación, no ha recibido avances oficiales.
Señaló que proporcionó datos precisos como ubicaciones, registros y posibles responsables, sin que hasta el momento exista una notificación formal por parte de la fiscalía correspondiente.
Las familias advirtieron que la falta de resultados refuerza la percepción de omisiones institucionales, mientras las desapariciones continúan ocurriendo de manera constante, y reiteraron que no se trata de casos aislados, sino de una crisis nacional que exige verdad, justicia y la localización de sus seres queridos.
Las manifestaciones coincidieron con la realización de la “mañanera del pueblo” encabezada por la mandataria federal, y reunieron a policías en retiro, viudas de agentes caídos en cumplimiento del deber, vecinos de comunidades costeras y familias de personas desaparecidas.
Uno de los contingentes estuvo integrado por decenas policías retirados y familiares de agentes fallecidos, quienes exigieron la intervención de la Presidencia de la República para resolver la falta de servicios médicos, indemnizaciones y prestaciones laborales pendientes.
Con mantas y cartulinas dirigidas a la presidenta, Manuel Castro, policía en retiro y vocero del movimiento, explicó que los reclamos incluyen incrementos salariales autorizados desde enero que no se reflejaron de manera oportuna, así como pagos incompletos que —dijo— sólo beneficiaron a una parte del personal tras ejercer presión mediática.
Señaló que, pese al riesgo que implica la labor policial, los elementos carecen de un seguro de vida adecuado y de servicios médicos integrales, lo que deja sin cobertura a hijos mayores de edad que aún dependen económicamente y a padres de los agentes.
Agregó que cuando un policía fallece en cumplimiento del deber, sus familiares pierden de manera inmediata el acceso a atención médica y no reciben apoyos funerarios, mientras que el cobro del seguro de vida se convierte en un proceso prolongado, opaco y con pagos parciales.
Otro grupo de manifestantes estuvo conformado por vecinos de Punta Bandera, quienes acudieron para solicitar la intervención presidencial ante un problema histórico de falta de conexión a la red pública de drenaje, el cual aseguran no ha sido atendido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Jazmín Graciela Beltrán Álvarez, vecina y representante comunitaria, explicó que pese a la cercanía con la planta tratadora de la zona costa norte, Punta Bandera no cuenta con acceso al colector costero, lo que ha generado afectaciones ambientales y de salud durante años.
Indicó que otros fraccionamientos cercanos, como Real del Mar, San Antonio, San Marino y Baja Malibú, sí fueron integrados al proyecto original del colector, mientras que Punta Bandera y comunidades del norte quedaron excluidas, a pesar de su ubicación estratégica.
Mientras que María de Lourdes Santana Ruíz, madre de Víctor Miguel Heredia, joven desaparecido desde noviembre de 2025, relató que su hijo fue visto por última vez el 19 de noviembre y que, pese a haber entregado información clave para la investigación, no ha recibido avances oficiales.
Señaló que proporcionó datos precisos como ubicaciones, registros y posibles responsables, sin que hasta el momento exista una notificación formal por parte de la fiscalía correspondiente.
Las familias advirtieron que la falta de resultados refuerza la percepción de omisiones institucionales, mientras las desapariciones continúan ocurriendo de manera constante, y reiteraron que no se trata de casos aislados, sino de una crisis nacional que exige verdad, justicia y la localización de sus seres queridos.
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