Editorial

Uno de los aspectos más preocupantes de la iniciativa es la transferencia de facultades del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo constitucionalmete autónomo, a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo Federal. De entrada, este cambio representa un gran retroceso, implica la concentración de facultades en el ejecutivo, perdiendo con ello la independencia en la toma de decisiones y dejándolo sujeto a intereses políticos, con lo cual se debilitan los contrapesos institucionales que son esenciales en cualquier régimen que se jacte de ser democrático.

Sin los controles autónomos del IFT, decisiones importantes como la asignación de concesiones, sanciones a medios o regulación de contenidos, pueden volverse discrecionales, con lo cual se abre la puerta a la corrupción y al favoritismo para los contenidos que beneficien a ciertos intereses políticos o del gobierno.

El IFT también tenía como función primordial el ser un ente garante que velaba por una competencia justa de todos los participantes en el mercado de telecomunicaciones y radiodifusión, evitando con ello los monopolios y promoviendo inversiones que mantuvieran el equilibrio dentro de dicha industria. Con el proyecto de Ley que se ha presentado todas estas cuestiones pueden verse gravemente mermadas y comprometidas, pues al perder autonomía en la gestión la ATDT es solo un instrumento más de control para el Gobierno Federal.

El artículo 109 del proyecto de ley otorga a la ATDT la facultad de bloquear plataformas digitales, como redes sociales y servicios de mensajería, sin establecer criterios claros o procedimientos judiciales previos. Esta ambigüedad ha generado alarma entre defensores de derechos humanos y organizaciones civiles, que advierten sobre el potencial uso arbitrario de esta medida para censurar contenidos y restringir la libertad de expresión.

La Presidenta Sheinbaum ha negado que la iniciativa tenga intenciones censuradoras y ha solicitado revisar o eliminar el controvertido artículo. Sin embargo, expertos señalan que, incluso con modificaciones, la concentración de poder en una agencia sin autonomía representa un riesgo latente para los derechos fundamentales.

Otro punto controvertido de la iniciativa es la imposición de sanciones a medios de comunicación que difundan propaganda extranjera sin autorización. Esta disposición surge tras la transmisión de anuncios de la campaña de Donald Trump en Televisa, sin conocimiento del gobierno mexicano. Aunque la medida en principio parece adecuada y busca proteger la soberanía nacional, críticos advierten que de no legislarse de forma adecuada, estableciendo supuestos normativos concretos, podría utilizarse para restringir la difusión de contenidos legítimos y limitar la diversidad informativa de acuerdo a los intereses del propio gobierno mexicano.

La propuesta ha provocado protestas ciudadanas y el rechazo de la oposición, que la ha apodado como “ley censura”. Organizaciones como R3D y Artículo 19 han advertido que la ley facilitaría la censura y han llamado a un debate más amplio e incluyente en el Senado.

Ante la presión social y las críticas, la presidenta Sheinbaum solicitó frenar el proceso legislativo para permitir un análisis más exhaustivo. El Senado decidió retirar la iniciativa de la agenda ordinaria y discutirla en un periodo extraordinario previsto entre junio y julio. Esta medida es sensata, en un tema de tal implicación social que deben existir foros de parlamento abierto que permitan un análisis real, objetivo y profundo que ayude a los legisladores a considerar todos los aspectos relevantes de la materia.

La iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa una amenaza significativa a la libertad de expresión y los derechos humanos en México. La concentración de poder en una agencia dependiente del Ejecutivo, la posibilidad de bloquear plataformas digitales sin criterios claros y las sanciones a medios de comunicación son elementos que podrían revertir los avances democráticos logrados, dañando décadas de avance en transparencia, derechos digitales, libertad, de expresión y regulación técnica.

En lugar de fortalecer a las instituciones la propuesta debilita las garantías democráticas y pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a acceder a una información libre, plural y sin censura. Es fundamental que el Congreso de la Unión actúe con responsabilidad y garantice que cualquier reforma en materia de telecomunicaciones respete plenamente los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Mtro. Leonardo Abarca Jiménez

Consejero Nacional de la Barra Mexicana de Abogados y

Socio Director de Grupo Uno Abogados