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Editorial

La reforma a la Ley Antilavado puede traer un impacto negativo para el empresario

Por Redacción | jueves, 3 de julio de 2025

EMX-La reforma a la Ley Antilavado puede traer un impacto negativo para el empresario

Columna Dr. Cesar H. Rubio Ozuna


Este 25 de junio el Senado aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal que fortalecen los mecanismos para evitar este ilícito.

La reforma en resumen refiere a modificaciones a la Ley antilavado y al Código Penal Federal buscando un reforzamiento de la obligación de identificar al beneficiario controlador quien resulta ser el propietario al final de las operaciones de negocios, asegurando transparencia sobre quien controla o se beneficia de las operaciones, lo cual es fundamental en el combatir al lavado de dinero.

Otro de los temas importantes es que actualizan definiciones de importancia como relación de negocios, amplían la lista de actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos, así también establece nuevas obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración antilavado.

Como se puede observar, se estima que la reformas a esta Ley traerán una sobrerregulación por la ampliación de las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables, porque ahora los empresarios tendrán que identificar y conocer a todos sus clientes a través de documentos oficiales y serán obligados a monitorear actividades y dar aviso a la autoridad, ya que se amplía el tipo de transacciones que fiscaliza el Servicio de Administración Tributaria.

Esta reforma sin duda podría tener consecuencias negativas para el sector económico empresarial; si bien los empresarios comparten la meta de combatir el lavado de dinero, pero no a costa de la viabilidad de su propia empresa.

Entre alguna de las consecuencias negativas que consideramos podría traer esta reforma, es que las empresas, tendrán que invertir en infraestructura tecnológica, capacitar al personal y contratar servicios externos para cumplir con la norma. esto dificultará la situación de los negocios de menor tamaño, que tendrán cargas económicas difíciles de absorber, debido a que tendrán que adquirir sistemas para identificar operaciones que no cumplen con la ley y generar aviso a la autoridad.

En el sector económico es evidente, ya que, si hablamos de penalizaciones a las empresas, en caso de algún incumplimiento las multas podrían alcanzar los 7.3 millones de pesos o cifras que podrían representar el 100 por ciento de la operación de algunas empresas.

Así también, es probable que muchas empresas que llevan a cabo actividades vulnerables no cumplen totalmente con las normas antilavado, y la aplicación de las reformas en proceso de aprobación lejos de mejorar el cumplimiento, podrían fomentar la informalidad o provocar cierres de negocios.

Estas modificaciones casualmente vienen acorde a los últimos acontecimientos respecto a las tres instituciones financieras mexicanas; Vector, CI Banco e Intercam fueron acusadas por Estados Unidos de lavar dinero para cárteles ligados al fentanilo. La intervención del gobierno mexicano fue inmediata, pero el impacto va más allá; lo relevante es que la primera vez que el Tesoro estadounidense acusa formalmente a bancos mexicanos de colaborar con el crimen organizado en una red internacional de tráfico de drogas.

El señalamiento puede repercutir en la percepción internacional sobre México, su sistema bancario y su capacidad de supervisión, por lo sí debe existir una preocupación tanto para los usuarios, ahorradores o inversionistas; toda vez que la CNBV anunció la intervención gerencial de las tres instituciones señaladas. Es decir, colocó personal supervisor dentro de ellas, sin suspender sus operaciones, para garantizar que los recursos de los clientes estén protegidos.

El propio secretario de Hacienda aseguró que “los ahorros están seguros” y que no hay motivo de alarma para los cuentahabientes. Sin embargo, eso no significa que no habrá efectos. Las sanciones del Tesoro estadounidense obligan a cualquier banco o institución norteamericana a cortar lazos con estas entidades mexicanas. Esto puede traducirse en restricciones para hacer transferencias internacionales, recibir financiamiento, o incluso en una fuga de clientes que teman por su dinero.

Y si fuera poco, en un marco internacional, se corre el riesgo de que México sea incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este año iniciará la quinta ronda de evaluaciones para determinar si se cumple con el combate al blanqueo y el financiamiento del terrorismo, es por ello que la reforma a la Ley Antilavado no es una casualidad en estos momentos.

El panorama para el empresario es complicado, es momento de fortalecer medidas preventivas, cuidar con mucha precisión cumplir con las obligaciones en tiempo y forma, para evitar multas millonarias; por ello es indispensable que las empresas en México fortalezcan sus sistemas de cumplimiento y designen a una persona responsable con la experiencia y competencia necesarias para atender estos asuntos con la debida diligencia y profesionalismo, asegurando así una respuesta oportuna, debiendo entre algunas actuaciones realizar lo siguiente:

• Realicen una investigación para identificar al correcto beneficiario controlador.
• Implemente y documente medidas de control interno razonables y necesarias para obtener, conservar y mantener actualizada la información del beneficiario controlador.
• Incluir como parte de la contabilidad esta información y documentación.

Si le restamos la importancia necesaria a tomar medidas preventivas, puede resultar en consecuencias financieras catastróficas. Es primordial adoptar una metodología estructurada que permita llegar a conclusiones bien fundamentadas y razonadas. Además, es indispensable implementar políticas y controles adecuados para asegurar que la información se mantenga actualizada constantemente.

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