Estatal

Miriam Ayón Castro, cofundadora de la organización, señaló que permitir que menores de edad vivan en pareja con personas adultas —muchas veces con el doble o triple de su edad— profundiza las asimetrías de poder y multiplica el riesgo de violencia. Recordó que, según datos oficiales, en 2023 más de 5 mil niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años dieron a luz en Baja California, de las cuales más de 2 mil casos se registraron en Tijuana.

Advirtió que estas uniones pueden ser la antesala de delitos como abuso sexual, violación e incluso feminicidio, en un estado que se mantiene en los primeros lugares nacionales en violencia contra las mujeres. La iniciativa ciudadana plantea tipificar la cohabitación forzada en el Código Penal, establecer agravantes cuando las víctimas sean indígenas, migrantes o personas con discapacidad, y que el delito sea imprescriptible.

Por su parte, la presidenta de la red, Vanessa García Ramírez, subrayó que lo importante es que la reforma se apruebe, independientemente de quién la impulse. “Las niñas son niñas, no son esposas, no son madres”, expresó.

Explicó que la propuesta busca homologar la figura en el Código Civil y el Penal, con sanciones que irían de 8 a 15 años de prisión. Además, enfatizó que esta violencia no puede justificarse bajo “usos y costumbres” ni normalizarse como práctica cultural.

García Ramírez añadió que, a partir de un estudio previo, detectaron zonas de Tijuana con mayores condiciones de vulnerabilidad, como Natura y Villas del Campo, donde factores como falta de transporte y alumbrado público inciden en la inseguridad de niñas y adolescentes.

Finalmente, llamó a reforzar la prevención desde los hogares mediante la educación y la información. “El conocimiento es poder. Si educamos e informamos a nuestras niñas y jóvenes, podemos evitar que normalicen situaciones de violencia”, concluyó.

Fotos: Juan Barrera