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Abogados denuncian a exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha
Por Ana Lilia Ramírez | miércoles, 6 de mayo de 2026
Abogados exigen que la FGR abra investigación tras denuncia presentada en febrero
TIJUANA.– Una denuncia fue presentada desde el pasado 17 de febrero ante la Fiscalía Especializada para la Delincuencia Organizada contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el centro de señalamientos por presuntos vínculos con delitos de alto impacto.
La acción legal fue promovida por la Alianza Nacional de Abogados, cuyo presidente, Evaristo Zepeda, aseguró que los hechos denunciados coinciden con investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, narcotráfico y otros ilícitos que incluso han sido considerados en indagatorias del gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con el representante legal, además de la denuncia inicial existen otros expedientes que apuntan a presuntos delitos como obstrucción de la justicia, financiamiento irregular y uso indebido de recursos públicos, los cuales —dijo— ya estarían bajo conocimiento de autoridades federales.
Añadió que, con la presentación de esta denuncia, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la obligación legal de abrir una carpeta de investigación para indagar los hechos señalados y determinar si existen elementos para ejercer acción penal.
Zepeda cuestionó la postura de instancias federales al considerar poco creíble que se alegue desconocimiento sobre las actividades atribuidas al mandatario estatal, al tiempo que insistió en que los señalamientos no son nuevos, sino que forman parte de distintas carpetas de investigación previamente integradas.
Advirtió además que delitos como la asociación delictuosa y el narcotráfico han sido catalogados en el ámbito internacional como conductas vinculadas al terrorismo, lo que podría escalar el caso a un nivel de mayor alcance si no se actúa conforme a los acuerdos bilaterales vigentes.
Finalmente, subrayó que el cumplimiento del tratado de extradición con Estados Unidos permitiría que los señalados enfrenten los cargos ante las autoridades correspondientes, garantizando el debido proceso y evitando posibles tensiones diplomáticas derivadas de un eventual incumplimiento.