Mexicali

El secretario del Ayuntamiento, Rodrigo Llantada Ávila, informó que el protocolo entrará en vigor tras su publicación en la gaceta municipal. La medida se sustenta en experiencias piloto y análisis comparativos con otras ciudades del país, con el objetivo de garantizar que las grabaciones sirvan como evidencia confiable en casos de abuso o mala praxis hacia el ciudadano.

Óscar Vega Marín, síndico procurador, subrayó que el protocolo contempla sanciones severas para los agentes que apaguen sus cámaras sin justificación durante una intervención. Las consecuencias pueden ir desde la inhabilitación hasta el cese definitivo, dependiendo de la gravedad del caso. Esta cláusula busca cerrar espacios de discrecionalidad y fortalecer la trazabilidad de las actuaciones policiales.

Las grabaciones serán resguardadas por 15 días en un centro estratégico de la DSPM, con posibilidad de extensión si están vinculadas a denuncias ciudadanas. Esta ventana temporal busca equilibrar la protección de datos con la disponibilidad de pruebas en procesos administrativos o judiciales, refirió el funcionario.

El director de la policía municipal, Luis Felipe Chang Baltazar, destacó que los agentes no están obligados a informar al ciudadano que están siendo grabados, aunque la presencia del dispositivo podría disuadir conductas indebidas y proteger tanto al oficial como al ciudadano. “La transparencia no depende del aviso, sino del registro”, señaló.

En esta primera etapa, se pondrán en operación 200 cámaras corporales. El protocolo fue validado por la DSPM, la sindicatura y la Secretaría del Ayuntamiento, en lo que se considera un esfuerzo por unificar criterios de uso y gestión de la información captada.