Mexicali

MEXICALI.— El caso de una persona trans interceptada y subida a la fuerza por integrantes de la llamada Patrulla Espiritual en Tijuana generó una postura del gobierno del estado, donde la mandataria Marina del Pilar Ávila Olmeda reconoció la labor de los centros de rehabilitación en beneficio de personas en situación de calle, pero condenó cualquier tipo de agresión, subrayando que el trabajo debe realizarse con respeto a la dignidad humana.

Así también, el gobierno del estado reforzará los protocolos de atención y actuación en todos los centros de rehabilitación con adicciones para que actúen con perspectiva de inclusión y no discriminación.

Por su parte, el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, confirmó que la Patrulla Espiritual cuenta con permiso para operar, aunque reconoció que previamente se les pidió apegarse a la norma tras críticas por prácticas irregulares. En Baja California existen 350 centros de rehabilitación registrados, que pueden ser clausurados si incumplen la ley.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, encabezada por Javier Orduño, abrió un expediente de oficio y emitió medidas cautelares para proteger la integridad de la persona trans afectada. El funcionario enfatizó que el consumo de drogas no suspende derechos fundamentales como el libre tránsito y la integridad física, recordando que la atención a las adicciones no puede justificar actos de coerción.