Mexicali

MEXICALI.- El Consejo Coordinador Empresarial de Baja California (CCE Baja California) hizo un llamado a respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y una ley pareja para todos.

En relación con la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, el organismo empresarial expresó su preocupación por las condiciones en las que se ha desarrollado el procedimiento y pidió garantizar plenamente sus derechos humanos, su integridad, privacidad y presunción de inocencia.

Sin entrar en la valoración del fondo del asunto ni en las actuaciones procesales que corresponden exclusivamente a las autoridades judiciales, sostuvo que ninguna investigación puede realizarse al margen del debido proceso.

El CCE señaló que una orden de aprehensión no representa una sentencia y que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no exista una resolución definitiva emitida por un tribunal competente. Añadió que el Estado de derecho pierde legitimidad cuando su aplicación se percibe selectiva o desequilibrada.

Asimismo, indicó que la ley debe aplicarse con el mismo rigor, transparencia y celeridad para todos, sin distinción de filiación partidista, trayectoria política, posición económica o cercanía con el poder.

El organismo consideró que la justicia debe actuar de manera equilibrada y ofrecer resultados claros en todos los asuntos, sin excepciones. Además, señaló que la exhibición pública de imágenes de personas detenidas y de actuaciones procesales no debe utilizarse para anticipar condenas, vulnerar la privacidad ni distraer la atención de otros hechos relevantes que acontecen en Baja California.

También manifestó que los casos de alta relevancia pública dados a conocer deben investigarse bajo los mismos criterios de legalidad, imparcialidad y celeridad.

Finalmente, el sector empresarial hizo un llamado al Gobierno de la República y a las instituciones de procuración de justicia para que respeten el Estado de derecho, la presunción de inocencia, el debido proceso y la privacidad de las personas.

El CCE concluyó que México necesita instituciones confiables y una justicia que actúe de manera pareja para todos, sin excepciones ni criterios políticos.