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La medida marca un nuevo capítulo de tensión en las relaciones bilaterales entre ambos países, que ya habían presentado fricciones por temas como la política antidrogas y la crisis migratoria. Según el Departamento de Estado, “ningún aliado responsable debe alentar a miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU. a desobedecer la Constitución ni a romper la disciplina militar”.

El presidente Petro ha participado activamente en foros internacionales y protestas políticas, incluyendo críticas a políticas migratorias estadounidenses y ofrecimiento de apoyo logístico a colombianos en el exterior. Hasta el momento, el gobierno colombiano no ha emitido una respuesta oficial a la revocación de la visa, aunque la decisión podría tener implicaciones importantes en la cooperación diplomática y en la agenda bilateral de ambos países.

La controversia ha generado un debate sobre la libertad de expresión de líderes extranjeros en suelo estadounidense y el impacto de sus declaraciones en la política internacional.