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El nuevo huachicol: crimen organizado perfora pozos y roba agua con ganancias millonarias
Por Redacción | sábado, 5 de julio de 2025
El crimen organizado ha comenzado a perforar pozos y robar agua en varios estados de México, generando ganancias superiores a mil millones de pesos al año. Este “huachicol de agua” afecta gravemente a comunidades y representa un nuevo reto para la seguridad hídrica nacional.
Ciudad de México, 8 de julio de 2025. — En medio de una creciente crisis hídrica en el país, el robo de agua se ha convertido en una nueva y lucrativa actividad del crimen organizado. Con técnicas similares al “huachicol” de combustible, grupos delictivos han comenzado a perforar pozos clandestinos, manipular sistemas de distribución e incluso controlar presas, generando ganancias superiores a mil millones de pesos al año, según estimaciones de organismos civiles y reportes oficiales.
El fenómeno, conocido ya como “huachicol de agua”, ha sido detectado en al menos 239 municipios entre 2019 y 2023, con más de 131 mil tomas clandestinas registradas. Los estados más afectados incluyen al Estado de México, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Puebla, Ciudad de México y Baja California.
El crimen se adapta: agua como recurso estratégico
De acuerdo con reportes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los criminales utilizan bombas, mangueras industriales, válvulas manipuladas y pipas clandestinas para extraer agua de pozos públicos, redes hidráulicas e incluso de cuerpos naturales como el Lago de Pátzcuaro o canales de riego.
En muchas ocasiones, la distribución ilegal se realiza con escoltas armadas, y la venta se dirige tanto a particulares como a negocios e industrias, especialmente en zonas donde el suministro es deficiente.
Cárteles detrás del agua
Informes periodísticos y de inteligencia han señalado la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa como operadores de estas redes ilegales. En regiones agrícolas, controlan el suministro para chantajear a productores, a quienes imponen cuotas por el uso del agua o amenazan con cerrar válvulas.
Incluso se han identificado conflictos entre bandas por el control de sistemas de riego, pozos comunitarios y canales municipales, con el uso de violencia como medio de presión.
Pese a que algunos estados han comenzado a endurecer penas —como el Estado de México, donde se propuso castigar con hasta 30 años de prisión el robo de agua—, la respuesta institucional sigue siendo limitada.
En CDMX se han detectado más de 30 tomas clandestinas solo en Álvaro Obregón y Tlalpan, con multas que van de los 18 mil a los 290 mil pesos. Sin embargo, muchas de estas sanciones no se aplican por falta de denuncias formales o de monitoreo en campo.
En Michoacán, se implementa vigilancia satelital en más de 35 mil represas, pero persisten las extracciones ilegales sin consecuencias judiciales.
El robo de agua es ya un crimen organizado de gran escala, impulsado por la escasez, la corrupción y la falta de vigilancia efectiva. La extracción ilegal no solo agrava la crisis hídrica en comunidades vulnerables, sino que representa un desafío urgente para la seguridad nacional y la sostenibilidad ambiental. Si no se actúa con firmeza, el “huachicol de agua” podría superar en impacto al robo de combustible.
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