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CDMX.- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, afirmó que uno de los cambios más relevantes derivados de la reforma al Poder Judicial es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, organismo que tendrá entre sus principales funciones detectar actos de corrupción y atender los retrasos en la impartición de justicia.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera explicó que la reforma transformó al antiguo Consejo de la Judicatura Federal y separó las funciones administrativas de las disciplinarias, dando paso a nuevas instituciones especializadas.

Alcalde recordó que los magistrados que integran el Tribunal de Disciplina son electos mediante voto popular, como parte del nuevo esquema de elección judicial aprobado en el país.

“Este tribunal, dentro de sus funciones, tiene dos cosas muy relevantes. Por un lado, detección de corrupción; dan seguimiento a los jueces, a los magistrados e incluso a los propios ministros de la Corte respecto a que haya un comportamiento acorde a todos los principios que deben tener los juzgadores”, explicó.

La consejera jurídica señaló que, cuando se detecten irregularidades, el órgano cuenta con facultades para iniciar procedimientos e incluso suspender a jueces, magistrados u otros integrantes del Poder Judicial mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Asimismo, destacó que una de las principales tareas del nuevo tribunal será atender las quejas relacionadas con la lentitud en la resolución de asuntos judiciales, una de las problemáticas que con mayor frecuencia reportan los ciudadanos.

“La mayoría de las quejas que recibe el órgano de disciplina tiene que ver con las tardanzas. La tardanza de la justicia, -no me han resuelto-. Entonces este tribunal no solamente puede establecer sanciones a los juzgadores, sino que hace procesos en donde se evalúe dónde están los grandes problemas”, indicó.

La funcionaria añadió que, además de la creación del tribunal, la reforma judicial incorporó plazos máximos en la Ley Orgánica del Poder Judicial con el propósito de acelerar los procedimientos y garantizar una respuesta más oportuna a los ciudadanos.

“Lo que pretende la reforma no solamente es cambiar el sistema de elección de los juzgadores, sino resolver problemas de fondo: la corrupción y las grandes tardanzas en la justicia mexicana”.

Luisa María Alcalde señaló que el nuevo organismo apenas cumple ocho meses de operación y continúa en proceso de consolidación.