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CDMX.- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, aseguró que la reciente reforma constitucional que establece la posibilidad de anular elecciones por intervención extranjera podría tener efectos desde los comicios de 2027, aun cuando las leyes secundarias que desarrollarán el mecanismo todavía no han sido aprobadas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria fue cuestionada sobre si la falta de una legislación reglamentaria dejaría al país sin herramientas ante posibles casos de injerencia externa. Alcalde respondió que la prohibición de cualquier intervención extranjera en los asuntos internos ya se encuentra establecida en la Constitución y recordó que la reforma publicada recientemente incorporó la posibilidad de declarar la nulidad cuando se acredite que dicha injerencia influyó en los resultados.

“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado o injerencias en elecciones. Eso es texto vigente actualmente”, señaló.

La consejera jurídica reconoció que aún falta la aprobación de las leyes secundarias que definan los procedimientos, criterios y estándares de prueba, pero sostuvo que el hecho de que ya forme parte del texto constitucional abre la posibilidad de que sea considerada por las autoridades electorales. “No tenemos todavía las normas secundarias... pero dado que está en nuestra norma constitucional, podría haber una interpretación de que estableciéndose en la Carta Magna puede ser considerada”, explicó.

Alcalde indicó que, en caso de presentarse una controversia en los procesos electorales de 2027, correspondería a las autoridades jurisdiccionales analizar el alcance de la reforma y determinar su aplicación concreta.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que cualquier interpretación sobre la procedencia de una eventual nulidad recaería en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y no en el gobierno federal.