Celebró fiesta por su Primera Comunión Gael Jiménez López
Sociales | jueves 25 de junio
Noticias de Tijuana. El Gran Diario Regional en línea, presentando noticias en tiempo real con información de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, Baja California, México y el mundo
En Tendencia: Jaime Bonilla, AMLO, Marina Del Pilar, Policiaca Tijuana, Garita Tijuana, UABC, Pandemia, COVID, Xolos, Toros
Nacional
Exigen proteger al colectivo que se opone a la planta de amoniaco en Sinaloa
Por Redacción | jueves, 25 de junio de 2026
La Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa alerta sobre riesgo de agresiones y hostigamientos contra integrantes de la organización ¡Aquí No!
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS) alertó sobre riesgos de agresiones y hostigamientos a integrantes del colectivo ¡Aquí No!, que durante 12 años se ha opuesto a la construcción de una planta de amoniaco a cargo de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), y que actualmente mantienen un plantón frente a las instalaciones de dicha empresa.
Ante la convocatoria de la empresa filial del consorcio suizo-alemán Proman, para que sus trabajadores participen en una movilización contra el plantón, programada el domingo 28 de junio, la organización civil llamó a autoridades de los tres órdenes de gobierno a dar medidas de protección policiaca a los integrantes del colectivo conformado por comunidades mayo-yoremes, ambientalistas y prestadores de servicios turísticos de Topolobampo, Sinaloa.
La CDDHS, fundada por la connotada defensora de derechos humanos Norma Corona Sapién, asesinada en 1990, dirigió un pronunciamiento a la gobernadora Yeraldine Bonilla, a miembros de su gabinete y de la alcaldía de Ahome; al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; a las titulares de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Alicia Bárcena y Mariana Boy, y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, así como al destacamento de la Guardia Nacional en Sinaloa.
En su escrito, la organización social reconoció el derecho manifestarse de los pueblos mayo-yoreme y de los ciudadanos que los acompañan en el plantón frente a GPO, que “no puede ser interrumpido, hostigado ni amenazado por una movilización organizada por la empresa que es precisamente la parte contra la que se manifiestan”.
La CDDHS recordó que desde 2014 las comunidades indígenas mayo-yoremes han interpuesto recursos legales para evitar la instalación de GPO, que proyecta producir 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco por día en Ohuira, considerado “espacio sagrado”, y que fue hasta el 12 de junio que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, se acercó al movimiento ¡Aquí No!
“Doce años de resistencia pacífica y legal de estos pueblos no pueden ser respondidos por el Estado con indiferencia ante una provocación organizada desde el poder económico”, sostuvo en el pronunciamiento la CDDHS, firmado por el presidente y el secretario de la organización, Leonel Aguirre Meza y Enrique Díaz-Terán Capaceta, con copia para las comisiones nacional y estatal de derechos humanos.
“Esta situación es grave y su naturaleza es clara: la empresa directamente interesada en el conflicto organiza una movilización de personas ajenas a la comunidad local con dirección al punto donde los legítimos quejosos ejercen su derecho a manifestarse.
“El riesgo no es abstracto: es que la movilización llegue a hostigar, intimidar, provocar o disolver el plantón pacífico de las comunidades indígenas. El riesgo es alto, es previsible, y si prevención es una obligación legal del Estado mexicano”, puntualizó la organización civil.
Demandan protección
La organización urgió al Estado mexicano medidas de protección a las personas que participan en el plantón por ser “espacio de manifestación legítima y preexistente que no deber ser perturbado, intimidado ni disuelto por la movilización convocada por la empresa el 28 de junio”.
La CDDHS llamó a “establecer un perímetro de protección entre la llegada de la movilización de GPO y el espacio del plantón comunitario, con presencia suficiente de elementos de seguridad pública con instrucciones expresas de impedir cualquier acto de hostigamiento, provocación o confrontación hacia las personas que sostienen el plantón”.
Recomendó un operativo con enfoque de derechos humanos, “sin armas letales en el perímetro del plantón, con plena identificación visible de mandos y elementos con personal de mediación, y con registro audiovisual que permita documentar cualquier incidente y determinar responsabilidades”.
Asimismo, llamó a crear una misión de observación en la que participen comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, así como de organizaciones civiles, “con atención especial a la seguridad de niñas, niños, adultos mayores y autoridades tradicionales presentes en el plantón”.
La CDDHS pidió a las autoridades competentes “requerir formalmente a GPO y a sus contratistas que se abstengan de dirigir su movilización hacia el espacio del plantón comunitario, y que no presionen ni instrumentalicen a sus trabajadores para confrontar a las comunidades indígenas o a las personas defensoras”, pues un conflicto laboral “no puede usarse como pretexto para atacar el ejercicio de derechos humanos de los pueblos originarios”.
La organización solicitó a las autoridades estatales y federales hacer públicas las medidas de protección, el mando operativo responsable y los canales de denuncia, así como el estado de cumplimiento de los acuerdos pactados el pasado 12 de junio entre el movimiento ¡Aquí No! y las titulares de Semarnat y Profepa, “cuya ausencia de seguimiento es en sí misma una señal de alerta que esta Comisión no puede ignorar”.
“El conflicto de la Bahía de Ohuira no es un problema de orden público: es una deuda de derechos humanos. Ninguna autorización ambiental, como la propia autoridad federal ha reconocido, es un cheque en blanco. Y ninguna empresa transnacional tiene el derecho de usar a sus trabajadores como instrumento de presión contra un pueblo indígena que defiende su territorio, su agua, su bahía y su vida”, puntualizó la CDDHS.
“Contramarcha”
La CDDHS resaltó que, de acuerdo a testimonios de trabajadores, publicados por medios de comunicación, ejecutivos de la empresa los contactaron vía telefónica para convocarlos a la “contramarcha”, a lo que varios empleados llevados al norte de Sinaloa desde estados del sur del país “rechazaron públicamente ser utilizados como ‘escudos’ en un conflicto que no es suyo”.
“Esta Comisión no es neutral en este caso. Cuando comunidades indígenas defienden pacíficamente su territorio, su agua, su cultura y su vida frente a una empresa transnacional que organiza una movilización para presionar su plantón, la posición de un organismo de derechos humanos es inequívoca: estamos con los legítimos quejosos, con los pueblos originarios, con las defensoras y defensores del territorio”, declaró la CDDHS.
-Retomado de Proceso
NOTICIAS RECIENTES
NOTICIAS RELACIONADAS
