Policiaca

El homicidio se da tras meses de hostigamiento documentado contra la familia, y luego de que el Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas negara las medidas solicitadas por Orozco, bajo el argumento de que “no calificaba”. La activista, quien encabeza desde hace dos años un colectivo de búsqueda en San Felipe, denunció que entregó evidencia suficiente para activar el protocolo, sin que se iniciara una investigación formal.

La Fiscalía estatal recibió material audiovisual que muestra a un presunto agresor merodeando su vivienda, pero la respuesta institucional se limitó a rondines municipales, a pesar de que la familia había señalado posibles vínculos de corrupción dentro de esa corporación. El crimen ocurre en un contexto de desprotección sistemática para quienes ejercen labores de búsqueda, muchas veces en condiciones de riesgo extremo y sin respaldo estatal.

Orozco inició su activismo tras la desaparición de su hijo, y desde entonces ha contribuido a la localización de restos humanos que han sido restituidos a sus familias. “Si grité por mi hijo, ahora lo haré el doble por mi nieto”, declaró, exigiendo justicia y la detención del responsable, cuyo nombre —según afirma— ya es conocido por las autoridades.

La familia exige que el crimen no quede impune y que se reconozca la responsabilidad del Estado en la cadena de omisiones que lo precedieron. El caso de Abel no solo representa una tragedia personal, sino también una alerta sobre el abandono institucional que enfrentan las madres buscadoras, quienes operan en los márgenes de la legalidad, la seguridad y el reconocimiento oficial.