The Border

A principios de este año, defensores de los derechos de los migrantes, incluidos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Defensa de los Inmigrantes de las Américas y el Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados, interpusieron una demanda contra la proclamación presidencial que, en la práctica, cerraba el asilo en la frontera sur. Los demandantes argumentaron que la medida ponía en peligro miles de vidas al impedir que las personas que huían de la persecución buscaran refugio en Estados Unidos.

Durante los argumentos orales en abril, las tensiones se intensificaron en la sala federal de Washington. Moss presionó duramente a los abogados del Departamento de Justicia sobre los límites de la autoridad presidencial. En un momento, planteó un hipotético extremo: “¿Sería una orden presidencial de disparar a los migrantes en la frontera inmune jurídicamente al control judicial?” El abogado gubernamental, Drew Ensign, admitió que tal orden plantearía problemas constitucionales, pero evitó precisar qué límites legales existirían, lo que provocó una severa reprimenda del juez.

En su decisión, Moss afirmó: “El presidente no puede adoptar un sistema de inmigración alternativo, que suplante los estatutos que el Congreso ha promulgado”. Subrayó que ni la Ley de Inmigración y Nacionalidad ni la Constitución otorgan al presidente la autoridad de negar unilateralmente el acceso al asilo para personas que ya se encuentran en territorio estadunidense, independientemente de cómo hayan ingresado.

“Esta es una enorme victoria para quienes huyen del peligro y para el Estado de derecho”, celebró Lee Gelernt, abogado de la ACLU, quien añadió que “el tribunal reconoció correctamente que el presidente no puede simplemente ignorar las leyes aprobadas por el Congreso”.

El fallo, que permanece en vigor por 14 días, permite al Gobierno de Trump presentar una apelación, algo que se espera en los próximos días. Según la cadena CNN, se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios, sin recibir respuesta inmediata.

El Gobierno había argumentado que el presidente posee una autoridad amplia bajo la ley federal para suspender la entrada de personas consideradas perjudiciales para los intereses nacionales, especialmente en un contexto que calificó como “una emergencia de seguridad nacional y de salud pública en la frontera”.

Los demandantes, por su parte, subrayaron que al menos dos de sus clientes habían sido deportados bajo esta política, a pesar de que expresaron su deseo de solicitar asilo. Los abogados del Gobierno replicaron que no se había establecido una intención inminente de presentar solicitudes, abriendo nuevos cuestionamientos sobre el alcance real de la medida y su aplicación. La decisión representa un revés significativo para un elemento emblemático de la agenda migratoria de Trump, que se jactaba de la reducción de cruces fronterizos. Según datos federales, en junio la Patrulla Fronteriza estadounidense registró poco más de 6 mil encuentros, reflejando el efecto de la represión en la frontera sur.

Por ahora, la política queda suspendida mientras continúan los litigios y se define el futuro de miles de personas que buscan asilo en territorio estadunidense.

-Con información de Excelsior