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Por Redacción | lunes, 1 de junio de 2026
Expertos en derechos de la niñez advirtieron que la nueva normativa en Afganistán facilita uniones forzadas de menores y vulnera gravemente los derechos de niñas y adolescentes.
Redacción.- El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño condenó una reciente normativa emitida por las autoridades talibanes en Afganistán que permite los matrimonios infantiles y considera el silencio de las menores como una forma de consentimiento, una medida que organismos internacionales califican como una grave violación de los derechos humanos.
En un pronunciamiento oficial, el organismo recordó que el matrimonio infantil constituye una práctica nociva y una forma de matrimonio forzado, debido a que los menores de edad carecen de la capacidad para otorgar un consentimiento pleno, libre e informado para contraer matrimonio.
La disposición, identificada como el decreto número 18 sobre derecho de familia, autoriza que familiares distintos al padre o al abuelo puedan concertar matrimonios con menores de edad, además de establecer que el silencio de una niña al alcanzar la pubertad puede interpretarse como aceptación para casarse.
El Comité señaló que cualquier marco legal que normalice o facilite este tipo de uniones atenta contra la dignidad, autonomía y desarrollo de los menores, además de limitar sus oportunidades educativas, económicas y sociales.
Los expertos enfatizaron que las principales afectadas son las niñas, quienes enfrentan mayores riesgos de violencia, explotación, embarazos tempranos, abandono escolar y daños físicos y psicológicos de largo plazo.
Asimismo, advirtieron que este tipo de políticas han privado a millones de niñas afganas de derechos fundamentales y han contribuido a profundizar la pobreza y la desigualdad en el país.
El organismo rechazó además que la pubertad sea utilizada como criterio para determinar la capacidad legal de contraer matrimonio, al considerar que dicha interpretación es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas en 1989.
La nueva regulación forma parte de una serie de medidas implementadas por el régimen talibán desde su regreso al poder, entre ellas las restricciones al acceso de las niñas a la educación secundaria y superior, así como otras disposiciones que limitan la participación de las mujeres en la vida pública.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por la creciente incorporación de interpretaciones extremas de la ley islámica en la legislación afgana, al considerar que institucionalizan la discriminación de género y restringen libertades fundamentales.
Con información de Proceso