Editorial

El pasado 5 de febrero de este año 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de iniciativas de reforma a la Constitución Política y a leyes secundarias, el llamado “Plan C”. Dentro de dichas iniciativas destaca la reforma constitucional al poder Judicial Federal, la cual plantea diversos cambios entre los que se encuentran desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal para ser sustituido por un Tribunal de Disciplina Judicial, también propone cambios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tales como acortar el periodo de encargo de los Ministros de 15 a 12 años, reducir el tamaño del Pleno, así como eliminar el funcionamiento de las Salas. Todos estos cambios son importantes y trastocan la estructura del poder Judicial Federal, sin embargo, el más importante de los cambios propuestos es la elección mediante el voto popular de Jueces, Magistrados y Ministros de la Corte. De acuerdo con la iniciativa, la elección popular de los integrantes del Poder Judicial es necesaria para que sus miembros sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y para que representen la pluralidad cultural, social e ideológica que conforman a la nación, es decir, una supuesta y mal entendida “democratización” de la justicia.

Considero importante mencionar que actualmente los Jueces de Distrito y Magistrados son nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios definidos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establecen las disposiciones aplicables, básicamente esto significa que son electos mediante exámenes y concursos de oposición, es decir, en función de sus conocimientos jurídicos especializados y méritos profesionales, lo cual implica un sistema óptimo de elección.