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Pide Comité de Seguridad Pública que funcionarios señalados por la FGR se separen del cargo
Por Sergio Carrillo | martes, 25 de noviembre de 2025
El Presidente del Comité, Edgardo Flores Campbell, sostuvo que las autoridades deben incentivar las denuncias anónimas, no inhibirlas.
TIJUANA.– El Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Edgardo Flores Campbell, señaló que los funcionarios municipales presuntamente requeridos por la Fiscalía General de la República (FGR), deben rendir cuentas y actuar con total transparencia, independientemente de si las filtraciones de documentos son auténticas o no.
Flores Campbell afirmó que no se debe minimizar el contenido de las denuncias anónimas, pues este tipo de reportes han sido clave para detectar delitos como extorsión y cobro de piso, fenómenos que, señaló, continúan afectando a la ciudad.
Recordó que el Comité promueve activamente la denuncia ciudadana, incluyendo la anónima, y que organismos empresariales como Coparmex ya se han pronunciado sobre este tipo de prácticas delictivas.
Respecto a los funcionarios mencionados en los documentos atribuidos a la FGR, señaló que deberán explicar su situación ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO). “No es un asunto menor resultar imputado por una instancia de ese nivel”, advirtió.
El Presidente del Comité cuestionó también el uso de recursos municipales para sostener la defensa jurídica de los funcionarios señalados.
“Habrá que ver con qué recursos se están atendiendo estos asuntos: si son los jurídicos del propio municipio, quién los paga y cómo. Los ciudadanos deben saber si se usan recursos públicos para una defensa personal”, puntualizó.
Flores Campbell consideró que, en aras de la rendición de cuentas, los funcionarios implicados deberían separarse temporalmente del cargo para facilitar la investigación.
“Una investigación busca cerrar la brecha entre la verdad histórica y la verdad jurídica; por eso deben permitir que se realice sin interferencias”, sostuvo.
Cuestionado sobre si el discurso de algunas autoridades podría desincentivar la presentación de denuncias anónimas, respondió que los líderes políticos, incluidos los alcaldes, tienen la responsabilidad de promoverlas y no de inhibirlas. Aclaró que, por ley, una denuncia anónima o una publicación periodística que señale posibles irregularidades obliga a iniciar una investigación de oficio.
Finalmente, reiteró que quienes estén sujetos a procesos ministeriales o penales deben enfrentarlos sin recurrir a recursos del erario. “Que atiendan su situación con recursos propios, no con los de los ciudadanos”, concluyó.